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  - "Desregulaciones"
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# La motosierra sin brújula: cómo la inidoneidad de Sturzenegger y la desarticulación normativa ponen en jaque las exportaciones argentinas

La fascinación teórica por la desregulación absoluta suele chocar de frente con la complejidad del mundo real, pero cuando ese choque ocurre en el área de la sanidad agroalimentaria, el resultado deja de ser un debate académico para convertirse en una amenaza económica y de salud pública. El Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, avanza con un fervor dogmático que confunde la eliminación de burocracia ineficiente con el desmantelamiento de las garantías sanitarias básicas. Bajo el dogma de abaratar costos e imponer la máxima de que "el mercado debe definir la calidad", su gestión acumula una serie de intervenciones atolondradas sobre organismos técnicos indispensables que revelan una peligrosa falta de idoneidad en materia de comercio exterior, trazabilidad y control de fronteras.

El recorrido de desaciertos en el área agroindustrial se sostiene sobre una severa distorsión del marco normativo nacional. Mediante los Decretos de Necesidad y Urgencia 70/23 y 50/24, complementados por un paquete de Resoluciones del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), se ha avanzado en la quita de competencias de control en origen y la flexibilización de registros fitosanitarios. Ejemplos concretos como la simplificación administrativa que otorga validez indefinida a los registros de agroquímicos —eliminando las revalidaciones periódicas de inocuidad y eficacia toxicológica reguladas tradicionalmente por la Resolución SENASA 350/99— o la desregulación de la fiscalización de empaques hortícolas y establecimientos faenadores mediante la sustitución de inspecciones directas por simples declaraciones juradas, demuestran la incomprensión de las dinámicas sanitarias globales. A esta degradación operativa del SENASA se suma el vaciamiento del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) vía retiros voluntarios forzados y recorte presupuestario, desarticulando la red nacional de laboratorios y sobrecargando una estructura vaciada de personal capacitado e incapaz de certificar los estándares mínimos requeridos por el mundo.

Las consecuencias de esta ligereza técnica amenazan directamente con encender alarmas rojas en los destinos más exigentes de la oferta exportable argentina. La desarticulación del control previo en origen no reduce costos, sino que traslada el riesgo al puerto de destino, donde la detección de trazas de plaguicidas no autorizados, residuos microbiológicos o fallas en las cadenas de frío detonan la suspensión automática de plantas y el rechazo de embarques completos. El debilitamiento del rigor técnico, lejos de liberar al productor de trabas, expone a los complejos cárnico, cerealero y frutihortícola a observaciones severas por parte de auditores internacionales que evalúan no solo la calidad del producto final, sino la solidez del sistema estatal que lo respalda.

El aspecto más crítico de esta deriva estructural radica en la absoluta vulnerabilidad en la que queda sumida la Argentina frente a los compromisos internacionales y las exigencias de bloques comerciales clave como la Unión Europea. El comercio global de alimentos opera bajo el principio estricto de equivalencia de garantías sanitarias y rigurosas normativas de trazabilidad, bioseguridad y libre deforestación —mecanismos centrales en el Acuerdo de Asociación Mercosur-Unión Europea y en el Reglamento (UE) 2023/1115 sobre productos libres de deforestación e inocuidad—. Al derogar resoluciones nacionales marco y debilitar a las autoridades de aplicación encargadas de certificar la trazabilidad parcelaria, el país pierde el respaldo institucional necesario para defender sus embarques. La Unión Europea y las potencias asiáticas no negocian sobre la base de la buena fe privada ni aceptan "declaraciones juradas" desreguladas como prueba fitosanitaria; exigen autoridades públicas auditables y con capacidad real de sanción. La sustitución de marcos legales consolidados por un vacío normativo le entrega en bandeja a nuestros competidores mundiales la excusa perfecta para aplicar barreras para-arancelarias o suspender unilateralmente el acceso a los mercados de mayor valor agregado.

Calcular el daño ocasionado por esta falta de competencia política exige mirar las proyecciones financieras del propio sector privado. Según estimaciones preliminares difundidas por entidades de la agroexportación como la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (CIARA-CEC) e informes de la Cámara de Frigoríficos Exportadores, la erosión de la confianza sanitaria global y el consecuente retesteo preventivo en puertos de destino podrían desencadenar pérdidas directas e indirectas que superan los 2.500 millones de dólares. Este impacto económico no se limita a la eventual parálisis de cuotas de exportación de carne vacuna o granos, sino que comprende una sobretasa inmediata en fletes, seguros internacionales de carga y costos de inspección externa que los propios productores y exportadores privados deben asumir para suplir la falta de un certificado estatal acreditado.

El afán por romper puentes regulatorios y exhibir trofeos desreguladores a cualquier precio está pasando una factura demasiado alta al aparato productivo nacional. Federico Sturzenegger confunde la eliminación de la burocracia inútil con la amputación de los órganos vitales de la bioseguridad y la diplomacia sanitaria. De continuar esta deriva impuesta por la impericia, la Argentina no solo corre el riesgo de enfrentar episodios de vulnerabilidad alimentaria puertas adentro, sino que asistirá al aislamiento autoimpuesto en los mercados más lucrativos del planeta, transformando una supuesta agenda de modernización en una costosa trampa de imprevisión e inidoneidad estatal.

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