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title: "El derrame en la cuenca del Aconcagua: el colapso de Codelco y la alerta regulatoria para la minería en Argentina"
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description: "El incidente registrado en la División Andina reactiva el debate sobre el envejecimiento de la infraestructura de relaves, la fiscalización estatal y la necesidad de modelos de gobernanza estrictos para los proyectos cordilleranos en el país."
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date_published: "2026-11-06T09:00:00-03:00"
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tags:
  - "Agua"
  - "Argentina"
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category_name: "Minería y Energía"
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category_description: "Toda la información necesaria del Riesgo en el sector Minero y Energético"
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# El derrame en la cuenca del Aconcagua: el colapso de Codelco y la alerta regulatoria para la minería en Argentina

El derrame de pulpa de relaves generado en las instalaciones de la División Andina de Codelco volvió a poner en marcha los protocolos de emergencia en la cuenca del río Aconcagua. La contingencia obligó a suspender de manera preventiva las operaciones en la planta concentradora y a cerrar las compuertas de captación de las empresas sanitarias locales. Aunque las autoridades chilenas e inspectores técnicos informaron preliminarmente que los estándares de potabilidad del agua no sufrieron alteraciones críticas en las primeras horas, el episodio reabrió el debate sobre los verdaderos niveles de concentración de metales pesados —como cobre, molibdeno y reactivos de flotación— en el cauce hídrico, así como la resistencia real de los sistemas de transporte de residuos minerales.

El evento expone una tensión estructural en la minería de gran escala. Por un lado, la operadora estatal enfoca el problema desde la gestión de contingencias, catalogando la falla como un hecho técnico delimitado y destacando la rapidez de las maniobras de contención para proteger el valor operacional y la continuidad del negocio. Por otro lado, la comunidad local del valle de Aconcagua percibe el episodio bajo una matriz de incertidumbre acumulada. Para los agricultores y habitantes de la cuenca, la recurrencia de estos eventos desgasta la licencia social de operación, la cual depende enteramente de la confianza en la transparencia de los datos ambientales reportados y de la protección del recurso hídrico para su subsistencia.

La falla en la División Andina responde a dinámicas propias de yacimientos con décadas de explotación continua. El transporte constante de volúmenes masivos de material abrasivo somete a acueductos, canaletas y diques a un desgaste mecánico severo. Cuando las paradas de planta y la renovación de infraestructura obsoleta se postergan para sostener metas de producción, el margen de vulnerabilidad aumenta, transformando mantenimientos de rutina en eventos de emergencia.

Este escenario funciona como una advertencia directa para la República Argentina, en un contexto marcado por la atracción de inversiones internacionales para el desarrollo de megaproyectos de cobre en la franja cordillerana —como Josemaría, Los Azules y El Pachón en San Juan— y la consolidación de la minería de litio en el Noroeste.

A nivel normativo, Argentina cuenta con la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos Ambientales (Ley 25.675) y la Ley de Glaciares (Ley 26.639). Sin embargo, el esquema federal otorga el dominio originario de los recursos naturales a las provincias, lo que genera asimetrías operativas en la fiscalización. El Código de Minería delega la autoridad de aplicación en los organismos provinciales, cuyas capacidades técnicas de inspección no siempre evolucionan al mismo ritmo que la envergadura de las inversiones proyectadas.

Para evitar que la expansión extractiva en Argentina reproduzca episodios como el del río Aconcagua, la industria y los gobiernos provinciales deberán adoptar estándares operacionales de máxima exigencia. Esto implica transicionar progresivamente hacia tecnologías de relaves filtrados o depositación en seco, eliminar la dependencia de diques húmedos expuestos a riesgo sísmico, y establecer redes de monitoreo hídrico continuo en tiempo real auditadas por universidades públicas y comités comunitarios. Asimismo, resulta indispensable exigir seguros de cobertura ambiental efectivos y fondos de reserva preoperativos que garanticen la remediación integral del territorio sin depender de la solvencia económica futura de las empresas concesionarias.

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