Rutas de la desidia: El cóctel mortal entre infraestructura obsoleta e imprudencia al volante

La seguridad vial en el corazón productivo y demográfico de la Argentina atraviesa uno de sus momentos más críticos, configurando un escenario donde el peligro es la única constante. Un relevamiento exhaustivo por las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Santiago del Estero y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires revela una realidad alarmante en la que el colapso de la infraestructura nacional y una profunda desaprensión ciudadana se retroalimentan para convertir los viajes cotidianos en una trampa mortal.

La vulnerabilidad de la red vial que depende directamente del Estado Nacional es, hoy en día, el principal factor de riesgo estructural. Informes recientes de organismos viales indican que casi la mitad de las rutas nacionales relevadas se encuentran en un estado calificado como regular o derechamente malo. En provincias como Santa Fe y Entre Ríos, la situación ha alcanzado niveles desesperantes; la Ruta Nacional 11, tristemente célebre por su alta siniestralidad, ejemplifica este abandono con baches profundos, falta de señalización horizontal y banquinas desmoronadas que anulan cualquier posibilidad de maniobra de emergencia ante un imprevisto. Esta desinversión federal no solo encarece los costos logísticos del país, sino que se cobra vidas de manera sistemática, ya que un asfalto deteriorado no perdona el más mínimo error de cálculo.

Sin embargo, el asfalto roto es solo una parte de la ecuación, ya que el componente humano aporta una cuota de violencia vial que las estadísticas reflejan con crudeza. Argentina se mantiene en posiciones críticas dentro de los rankings mundiales de conducción temeraria, evidenciando una falta de respeto por la vida del prójimo que trasciende las fronteras provinciales. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la prepotencia al volante se manifiesta en el paso sistemático de semáforos en rojo y el irrespeto por las prioridades peatonales, mientras que en Santiago del Estero y Corrientes, las tasas de mortalidad por habitante siguen siendo de las más altas del país, impulsadas por un desprecio generalizado hacia las normas básicas de convivencia.

La imprudencia se manifiesta principalmente a través de tres comportamientos que parecen haberse naturalizado en la psiquis del conductor argentino. En primer lugar, los excesos de velocidad continúan en ascenso a pesar de que las multas en distritos como la Provincia de Buenos Aires han alcanzado montos que superan el millón de pesos. A esto se suman los actos de negligencia extrema, como los sobrepasos en doble línea amarilla en rutas de carril único del litoral, y una desatención constante provocada por el uso del teléfono celular. Estos actos no son meros errores, sino decisiones conscientes que anteponen la urgencia individual a la seguridad colectiva.

El panorama actual resulta sombrío y exige una respuesta urgente que vaya más allá de los parches temporales. Mientras el Estado Nacional mantiene frenada la inversión en obra pública esencial, dejando rutas clave en un estado de obsolescencia técnica, la ciudadanía parece haber perdido la capacidad de empatía necesaria para compartir el espacio público. La seguridad vial requiere de un compromiso bilateral ineludible: un Estado que cumpla con su deber de garantizar caminos dignos y seguros, y conductores que comprendan, de una vez por todas, que su libertad de acelerar termina exactamente donde comienza el riesgo para la integridad física de los demás.