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El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) enfrenta una encrucijada crítica ante el aumento sostenido de la frecuencia y severidad de las olas de calor. La fragilidad estructural del sistema de transporte y distribución eléctrica, sumada a una demanda que roza sistemáticamente los techos históricos de generación, sitúa a la región en un estado de vulnerabilidad latente. Este escenario no solo representa un desafío técnico para las prestatarias del servicio, sino que redefine de manera urgente las prioridades de los sistemas de Protección Civil, los cuales deben transitar desde un modelo de respuesta ante la emergencia hacia uno de anticipación estratégica basada en datos de alta precisión.
La gestión del riesgo en una metrópoli con una densidad habitacional tan elevada requiere la implementación de modelos predictivos que permitan a las autoridades de emergencia identificar, con antelación a los picos de temperatura, los nodos críticos de falla. Esta geolocalización de la vulnerabilidad es fundamental para la asignación eficiente de recursos limitados. Actualmente, la capacidad de respuesta se ve dispersa al intentar cubrir de forma reactiva áreas extensas, cuando la prioridad debería centrarse en sectores con alta concentración de población electrodependiente, adultos mayores en edificios de altura y centros de salud de baja complejidad que carecen de infraestructura de respaldo robusta. La integración de la telemetría de las redes eléctricas con los planes de contingencia urbana permitiría desplegar generadores móviles y puestos de hidratación antes de que el colapso del suministro se traduzca en una crisis sanitaria.
Sin embargo, la responsabilidad de la resiliencia no puede recaer exclusivamente en el Estado o en las empresas distribuidoras. Se hace imperativo un debate legislativo que habilite y fomente la autogeneración en el ámbito de la propiedad horizontal. Gran parte del parque edilicio del AMBA se encuentra en una situación de indefensión energética. Se estima que una proporción significativa de los edificios de departamentos construidos en las últimas décadas no cuenta con grupos electrógenos de capacidad suficiente para garantizar servicios vitales como la presurización de agua, la iluminación de emergencia y el funcionamiento de al menos un ascensor para casos de evacuación o movilidad reducida. Esta carencia convierte a los edificios en trampas de calor y desabastecimiento hídrico a las pocas horas de iniciado un corte.
Para revertir esta situación, es necesario promover marcos normativos que faciliten a los consorcios la instalación de equipamiento de generación y almacenamiento, ya sea mediante sistemas de combustión interna o, preferentemente, a través de fuentes renovables y microrredes. La legislación actual a menudo impone barreras burocráticas y técnicas que desalientan la inversión privada en soluciones de respaldo. Un proceso legislativo ágil debería incluir incentivos fiscales para la adquisición de equipos, así como protocolos estandarizados para la inyección de excedentes a la red bajo regímenes de generación distribuida, lo que permitiría amortizar los costos operativos.
La transformación del AMBA en una ciudad resiliente exige que los edificios dejen de ser sujetos pasivos del sistema eléctrico para convertirse en nodos con capacidad de autonomía parcial. La integración de sistemas de almacenamiento por baterías de ion-litio y paneles fotovoltaicos en azoteas, donde la capacidad técnica lo permita, no es ya una opción de vanguardia sostenible, sino una necesidad de seguridad civil. En última instancia, la coordinación entre una Protección Civil tecnificada y una base edilicia equipada para la contingencia es la única vía para mitigar el impacto humano de los eventos climáticos extremos que, lejos de ser excepcionales, se han consolidado como la nueva normalidad climática de la región.
