RNEl actual proceso de ajuste de las cuentas públicas en Argentina, si bien busca la estabilización macroeconómica a través del equilibrio fiscal, enfrenta un desafío técnico de alta complejidad: la distinción entre el gasto corriente prescindible y la inversión en resiliencia institucional y física. La reciente tendencia hacia el desmantelamiento de organismos de control y la dilación en el envío de recursos para obras de infraestructura hídrica comprometidas no solo representa un ahorro de caja inmediato, sino que configura un incremento exponencial del riesgo contingente para el Estado. La fiscalización técnica no es un componente burocrático accesorio; es el mecanismo de salvaguarda que garantiza la operatividad de sistemas que protegen a más de cinco millones de ciudadanos, cuya seguridad depende directamente de la correcta supervisión de protocolos de emergencia y mantenimiento de activos críticos.
La evidencia empírica observada en provincias como Tucumán, Santiago del Estero, Salta y diversos distritos de la Provincia de Buenos Aires demuestra que la interrupción de los flujos financieros destinados a obras de mitigación de inundaciones genera una asimetría de costos insostenible. Cuando el Estado Nacional posterga la ejecución de partidas oficialmente comprometidas para la defensa del territorio, expone al aparato agroindustrial y a la propiedad privada a factores de vulnerabilidad máxima. El análisis de impacto revela una métrica alarmante: las pérdidas económicas derivadas de la inacción o el deterioro de la infraestructura preexistente superan en hasta doce veces la inversión que originalmente se requería para la prevención. Este fenómeno, conocido en la economía del riesgo como una falla de inversión en bienes públicos de protección, transforma un ahorro fiscal nominal en un pasivo real de magnitudes sistémicas.
Este escenario obliga a una reflexión técnica profunda sobre la idoneidad en la toma de decisiones dentro del Poder Ejecutivo. La gestión estatal no puede reducirse a una administración de la urgencia constante, donde el recorte se aplica de forma lineal sin un modelo de análisis de prioridades basado en datos y prospectiva de riesgos. La falta de pericia técnica para distinguir entre el gasto ineficiente y el capital destinado a la preservación de la vida y la producción pone en jaque la seguridad jurídica y material de la nación. No se trata simplemente de debatir la pertinencia del ajuste, sino de rediseñar un modelo que comprenda que la ausencia de fiscalización y el abandono de la infraestructura estratégica no es austeridad, sino una transferencia de riesgo hacia los sectores más productivos y hacia las poblaciones más vulnerables, cuya recuperación económica tras un evento adverso suele ser incierta y costosa para el propio erario público.
