Detrás de las estadísticas de siniestralidad vial y la parálisis en la infraestructura crítica se revela una cruda contradicción sistémica: recursos existentes pero desviados, préstamos internacionales que acumulan punitorios por subejecución, un Impuesto a los Combustibles Líquidos sistemáticamente confiscado para otros fines, y un gobierno que pregona «la moral como política de Estado» mientras perpetúa patrones históricos de abandono en la fiscalización de presas y en la seguridad hídrica frente al inminente azote climático.