RN
Durante los últimos siete meses, la Provincia de Buenos Aires se ha convertido en el escenario de una preocupante secuencia de siniestros industriales que exponen una fractura crítica en el sistema de fiscalización pública. Incendios de magnitud en depósitos logísticos, explosiones en plantas químicas y colapsos estructurales han dejado de ser incidentes aislados para transformarse en un síntoma de la falta de control por parte de los gobiernos locales sobre los procesos de Seguridad e Higiene.
La problemática se manifiesta con una dualidad geográfica alarmante. Por un lado, los Parques Industriales, concebidos como entornos controlados y seguros, han demostrado fallas en la gestión de redes de incendio y planes de contingencia conjuntos. Por otro lado, la persistencia de depósitos de materiales inflamables en zonas semirresidenciales eleva el riesgo a una escala comunitaria, donde la zonificación laxa permite que procesos de alta peligrosidad coexistan con el tejido urbano, vulnerando las distancias de seguridad mínimas recomendadas por las normativas internacionales.
Desde una perspectiva técnico-profesional, el núcleo del conflicto reside en la degradación de las auditorías de cumplimiento. La Ley 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo y su Decreto Reglamentario 351/79 establecen pautas claras sobre la carga de fuego y la compartimentación de sectores de incendio, pero la ejecución de estas normas depende de una inspección municipal que, en la práctica, se ha vuelto meramente administrativa o inexistente. La ausencia de verificaciones "in situ" permite que las empresas operen con sistemas de detección de humo inoperantes, materiales mal estibados que bloquean salidas de emergencia y una falta total de capacitación en las brigadas de lucha contra el fuego.
La recurrencia de explosiones en depósitos sugiere además una gestión deficiente del riesgo químico. La falta de control local sobre las hojas de datos de seguridad (MSDS) y el almacenamiento incompatible de sustancias peligrosas transforman cualquier foco ígneo menor en un evento catastrófico. Los gobiernos locales, a menudo superados por la falta de recursos técnicos o personal idóneo, omiten el seguimiento de las renovaciones de las habilitaciones industriales, permitiendo que establecimientos con modificaciones estructurales no declaradas sigan funcionando bajo esquemas de seguridad obsoletos.
Esta falta de rigor en la fiscalización no solo pone en riesgo el capital físico y la continuidad operativa de las empresas, sino que compromete la integridad de los trabajadores y los vecinos. La desactualización de los planes de evacuación y la carencia de simulacros supervisados por las autoridades municipales completan un cuadro de vulnerabilidad que exige una reingeniería urgente de los protocolos de inspección bonaerenses. Sin un compromiso real de las intendencias para profesionalizar el control técnico, el mapa industrial de la provincia seguirá siendo una cuadrícula de riesgos latentes a la espera del próximo detonante.
El gobernador encabezó la entrega de 100 camionetas de patrullaje a fuerzas federales en el marco del Plan Bandera y, acompañado por la ministra de Seguridad nacional Alejandra Monteoliva, destacó la coordinación con Nación.
Lo afirmó el gobernador de Santa Fe durante una recorrida por localidades de los departamentos Caseros y General López.
La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, recibió al ministro de Seguridad de Corrientes, Adán Gaya, y al ministro de Seguridad y Justicia de Salta, Gaspar Solá Usandivaras, en el marco de reuniones de trabajo orientadas a reforzar la coordinación en materia de seguridad.
Con un despliegue eficiente en dos turnos y un fuerte trabajo territorial, la gestión municipal reafirma su compromiso con la limpieza, el orden,y la recuperación de los espacios públicos, en este comienzo de año.
”Un delito de mayor tiene que ser juzgado con una pena de mayor”, dijo el gobernador consultado sobre el asesinato de Jeremías Monzón en la ciudad de Santa Fe, y respaldó la inclusión de una reforma a la Ley Penal Juvenil en sesiones extraordinarias.
El programa "Digital Cities Small Grants" busca financiar proyectos locales que integren tecnologías de punta para optimizar servicios públicos y fortalecer la resiliencia urbana.
El Programa City Risk-70, en conjunto con el ORSEP y la Agencia Federal de Emergencias (AFE), inicia la implementación de un esquema de cooperación técnica y financiera destinado a mitigar riesgos hidrometeorológicos y antrópicos en municipios y comunas de la región.
Financiamiento internacional.
El Gobierno de La Pampa finalizó las obras de refacción y refuncionalización de naves y la incorporación de un nuevo sistema de tratamiento de efluentes de última generación en el Parque Agroalimentario Apícola de Santa Rosa.