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La gestión integral del riesgo en la Cuenca Salí-Dulce ha tomado un impulso institucional determinante mediante la puesta en marcha del programa de articulación público-privada City Risk-70 (CR-70). Esta iniciativa estratégica surge como respuesta a la necesidad de fortalecer las capacidades de los gobiernos locales y comunas adyacentes frente a la creciente complejidad de las amenazas hidrometeorológicas y los riesgos derivados de la actividad humana en el territorio. A través de este modelo, se busca optimizar el acceso a recursos técnicos y operativos, permitiendo que las administraciones municipales potencien sus herramientas de prevención y respuesta ante escenarios de emergencia extrema.
La implementación del programa se sustenta en una colaboración estrecha con el Organismo Regulador de Seguridad de Presas (ORSEP) y la Agencia Federal de Emergencias (AFe). Mientras que el ORSEP aporta la fiscalización y los protocolos de seguridad específicos para la infraestructura hídrica de la cuenca, la AFe garantiza la coordinación operativa bajo estándares federales de gestión de desastres. Como componente central de esta asistencia, el programa pondrá a disposición de los gobiernos provinciales y municipales mapas de vulnerabilidad y riesgo hídrico de alta precisión. Estas herramientas contarán con el soporte técnico de la plataforma HydroBID, perteneciente al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), lo que permitirá modelar escenarios hídricos con rigor científico para una toma de decisiones informada.
En la jornada de hoy, se consolidó este avance territorial con la realización de una reunión de coordinación que reunió a autoridades y representantes de los distintos niveles de gobierno. El encuentro tuvo como objetivo principal la definición de un cronograma de trabajo conjunto, el cual establece las fases de diagnóstico, capacitación y ejecución para el presente periodo. Con la fijación de esta hoja de ruta y la integración de tecnología de vanguardia internacional, se formaliza el compromiso de las partes para transformar la gestión del riesgo en una política de Estado que proteja la infraestructura crítica y la seguridad de las poblaciones asentadas en la Cuenca Salí-Dulce.
