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La persistencia de plásticos en las cuencas hídricas argentinas ha dejado de ser una preocupación exclusivamente ecológica para transformarse en un desafío de solvencia financiera para el Estado y las empresas de saneamiento. En un escenario donde el cambio climático acelera la degradación de polímeros, la infraestructura de potabilización de la red AMBA y de las provincias ribereñas del Paraná enfrenta una obsolescencia técnica prematura. El tratamiento de agua cruda proveniente del Río de la Plata y del sistema del Plata exige hoy una inversión en coagulantes, floculantes y sistemas de filtrado por membranas que no estaban previstos en las matrices de costos originales. Estimaciones técnicas sugieren que las empresas de saneamiento en Argentina deben erogar anualmente una cifra que oscila entre los 120 y 150 millones de dólares adicionales solo para mitigar la presencia de sólidos en suspensión y micropartículas plásticas, un gasto que impacta directamente en la estructura de tarifas o en los subsidios del Tesoro Nacional.
El impacto económico de no poseer una política de Estado que gestione el residuo plástico como un riesgo cancerígeno derivado del petróleo es una "bomba de tiempo" fiscal. Al ser el plástico un subproducto de la industria hidrocarburífera, su presencia en el agua potable no es inerte; actúa como un vector de transporte de Compuestos Orgánicos Volátiles (COVs) y disruptores endocrinos que aumentan la carga de enfermedades no transmisibles en la población. La ausencia de una Ley de Responsabilidad Extendida del Productor traslada el costo externo de la remediación desde la industria petroquímica hacia las plantas de potabilización de AySA y Aguas Santafesinas. Estas entidades se ven obligadas a realizar lavados de filtros con una frecuencia un 30% mayor a la histórica debido a la colmatación por fibras sintéticas, lo que deriva en un consumo energético superior y una reducción en la vida útil de los activos fijos, encareciendo el metro cúbico de agua producida de manera exponencial.
A este drenaje financiero operativo se le debe sumar el costo de la inacción en materia de salud pública, donde la bioacumulación de microplásticos en el organismo humano se traduce en un incremento proyectado de tratamientos oncológicos vinculados a micropartículas de petróleo. La falta de una política ambiental robusta impide la captura de valor en la economía circular, donde el plástico podría ser un recurso, y lo convierte en un pasivo ambiental que las plantas de tratamiento de efluentes del Riachuelo y el Reconquista no logran procesar eficientemente. En términos técnicos, la "plastificación" del agua potable representa una desvalorización del capital natural del país, obligando a las prestadoras de servicio a invertir en tecnologías de oxidación avanzada o carbón activado granular para garantizar estándares de seguridad que el tratamiento convencional ya no puede asegurar. Sin una reforma estructural que internalice estos costos en la cadena de producción plástica, el sistema de saneamiento argentino continuará financiando con ineficiencia operativa una crisis sanitaria de escala molecular.
