En los últimos meses, el accionar de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) ha encendido las alarmas tanto en el ámbito jurídico como en el tejido económico de las pequeñas y medianas empresas y de los trabajadores autónomos de la Ciudad de Buenos Aires. La proliferación de embargos preventivos sobre cuentas bancarias sin una debida y fehaciente notificación formal previa está transformando lo que debería ser una herramienta legítima de recaudación en un mecanismo de asfixia financiera indirecta. El nudo del conflicto no radica en la potestad del fisco para reclamar deudas que considere legítimas, sino en las garantías constitucionales que se vulneran durante el proceso. El derecho a la defensa y al debido proceso exigen que el contribuyente conozca de forma clara y anticipada cualquier acción fiscal en su contra. Cuando el embargo se ejecuta por sorpresa, el administrado pierde toda capacidad de reacción y queda desarmado ante un proceder estatal que prescinde de la gradualidad administrativa básica.
Desde una mirada estrictamente jurídico-legal, el reconocimiento o no de la pretensión fiscal por parte del contribuyente es una discusión secundaria frente a la urgencia de modificar la metodología del proceso coactivo. El sistema actual adolece de una rigidez extrema que ignora la realidad operativa del sector privado, por lo que resulta imperativo que la normativa local establezca un espacio previo de negociación obligatoria antes de proceder a la inmovilización de fondos. Si bien la retención preventiva puede justificarse desde la óptica del derecho tributario como una medida cautelar destinada a asegurar el crédito del Estado, su aplicación actual peca de desproporcionada. Una vez que el contribuyente se presenta ante el fisco porteño y manifiesta su voluntad de regularizar su situación, ya sea cancelando la obligación o ingresando a un plan de facilidades, el levantamiento de la medida cautelar debería ser inmediato y automatizado. Hoy en día, la realidad demuestra que un contribuyente con cuentas en múltiples entidades financieras puede demorar hasta veintidós días hábiles en recuperar la plena operatividad de sus fondos, incluso habiendo saldado su deuda al día siguiente de la traba, debido a la falta de interoperabilidad en tiempo real entre los sistemas de AGIP y el Banco Central.
Esta parálisis administrativa prolongada genera un impacto técnico-financiero devastador para un pequeño contribuyente o una micro-empresa, donde el flujo de caja diario determina la supervivencia del negocio. Sostener las cuentas bancarias congeladas durante casi un mes provoca una ruptura inmediata en la cadena de pagos que impide abonar a proveedores, destruyendo el crédito comercial y la reputación construida a lo largo de los años. Al mismo tiempo, la imposibilidad de debitar cheques o cancelar servicios en término arrastra al contribuyente a incurrir en costos financieros punitorios, intereses resarcitorios privados y tasas de descubierto que agravan la situación original. Se produce entonces una distorsión financiera severa, ya que el capital inmovilizado no genera ningún tipo de rendimiento en un contexto inflacionario, mientras que las penalidades y la falta de liquidez obligan muchas veces al cierre temporal o definitivo de la actividad por pura asfixia operativa.
El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires debe comprender que el universo de los pequeños contribuyentes no es homogéneo y que la mora no siempre es sinónimo de mala fe. Una gran parte de quienes caen en irregularidades fiscales lo hacen por pura ignorancia técnica o por la falta de un acompañamiento profesional permanente de un contador, encontrándose rehenes de un esquema impositivo excesivamente complejo y poco práctico para quien debe gestionar un negocio en el día a día. El sistema penaliza la falta de estructura administrativa de un comercio de barrio de la misma manera que castiga la evasión fiscal corporativa. Por esta razón, el Estado local tiene la obligación de generar instancias alternativas de asistencia, alertas tempranas y mediación virtual, evitando limitar sus políticas de alivio a moratorias esporádicas de difícil acceso. Hasta que no se implemente un mecanismo de comunicación ágil, bidireccional y un oficio de levantamiento digital automático en veinticuatro horas, el engranaje burocrático seguirá priorizando la recaudación fiscal inmediata por sobre la preservación del entramado productivo que sostiene a la propia ciudad.
