Radiografía del sistema ferroviario: la Emergencia decretada en 2024 empieza a dar respuesta a fallas estructurales históricas

Tras el reciente informe de la Auditoría General de la Nación sobre la Línea San Martín, la Secretaría de Transporte defendió las más de 300 intervenciones en marcha y destacó la adquisición de nuevas locomotoras tras una década de parálisis en inversión crítica.
Infraestructura 28 de junio de 2026RNRN

BUENOS AIRES. — El reciente informe publicado por la Auditoría General de la Nación (AGN) respecto al estado de la Línea San Martín ha vuelto a poner bajo el reflector público la compleja situación que atraviesa el sistema ferroviario argentino. No obstante, lejos de desmentir el diagnóstico oficial, desde la Secretaría de Transporte afirmaron que las fallas señaladas ratifican de manera exacta los motivos que llevaron al Poder Ejecutivo a declarar la Emergencia Ferroviaria en junio de 2024.

De acuerdo con fuentes oficiales, el estado crítico de la infraestructura, el señalamiento y el material rodante es la consecuencia directa de "décadas de desinversión, falta de mantenimiento sostenido y la postergación sistemática de inversiones críticas". La declaración de emergencia implementada en su momento tuvo precisamente el objetivo de reordenar de forma urgente los recursos presupuestarios hacia los componentes más sensibles para la seguridad de los pasajeros y la confiabilidad del servicio.

Un plan con más de 300 acciones en ejecución

En respuesta a las demandas de control, las autoridades del sector informaron que ya se han puesto en marcha más de 300 acciones correctivas y preventivas a lo largo de toda la red nacional. El foco del financiamiento se ha concentrado en la renovación de vías, modernización de telecomunicaciones y la adquisición de repuestos de alto impacto operativo.

"Las recomendaciones de la AGN no contradicen el rumbo adoptado por esta gestión, sino que reafirman la necesidad de profundizar las medidas de la Emergencia Ferroviaria."

Asimismo, los equipos técnicos destacaron que la convergencia entre las advertencias de los organismos de control y los planes ejecutados demuestra una institucionalidad orientada al saneamiento estructural, dejando atrás las respuestas meramente reactivas ante incidentes puntuales.

El caso de la Línea San Martín

Para la Línea San Martín, una de las más afectadas por las deficiencias del parque de tracción en los últimos años, se anunció la incorporación de tres nuevas locomotoras. Este hito representa la primera compra sustancial de material tractivo destinada de forma exclusiva a este ramal desde el año 2015. Según detalló el área de Transporte, dos de estas unidades ya se encuentran plenamente integradas al cronograma operativo diario, mejorando significativamente las frecuencias.

Además de la renovación de locomotoras, el programa de emergencia incluye la instalación progresiva del sistema de frenado automático (ATS, por sus siglas en inglés), mejoras en los tendidos de señalamiento eléctrico y un proceso masivo de compra de repuestos técnicos de alta complejidad, cuya carencia mantenía históricamente varadas a decenas de formaciones en los talleres mecánicos.

Seguridad y factores externos

Frente a las interpretaciones públicas sobre el incremento de ciertos indicadores de fallas, la Secretaría de Transporte aclaró que las estadísticas operativas recopiladas engloban categorías de diversa índole y que no suponen necesariamente un repunte en accidentes de gravedad extrema, tales como choques o descarrilamientos. Además, indicaron que una parte variable de estas incidencias responde a factores externos al control estrictamente ferroviario.

Las autoridades concluyeron remarcando que los resultados definitivos del ambicioso plan requerirán un horizonte de maduración temporal. "La recuperación de una infraestructura que acumuló problemas durante décadas requiere una política sostenida, inversiones permanentes y una prioridad inamovible en materia de seguridad operacional", precisaron, reafirmando que la Emergencia Ferroviaria fue, ante todo, una decisión estratégica de Estado para reordenar las prioridades del sistema.

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