Exposición catastrófica y transferencia de riesgo: la encrucijada financiera de la hotelería argentina

La gestión de riesgos de la infraestructura turística en la Argentina enfrenta una marcada asimetría que excede la simple categorización comercial por estrellas. Mientras el territorio nacional se encuentra expuesto a una matriz diversa de amenazas naturales que abarca desde la sismicidad severa en la región de Cuyo y el Noroeste hasta inundaciones recurrentes y sudestadas en la llanura pampeana y el Litoral, la capacidad de respuesta y absorción financiera de estas contingencias denota una profunda brecha de mercado. La hotelería de cuatro y cinco estrellas e internacionales posee las espaldas corporativas y los recursos de ingeniería técnica para cumplir con solvencia las directrices del Instituto Nacional de Prevención Sísmica y los reglamentos del Centro de Investigación de los Reglamentos Nacionales de Seguridad para las Obras Civiles, pero este segmento apenas representa una fracción del ecosistema nacional. El verdadero desafío de la vulnerabilidad y la suscripción de seguros se concentra en las categorías independientes de una a tres estrellas, hosterías y apart-hoteles que aglutinan más del setenta por ciento de la oferta de alojamiento en las veinticuatro jurisdicciones del país, donde la obsolescencia constructiva y la falta de liquidez comprometen tanto la seguridad de los huéspedes como la continuidad del negocio.

En las regiones con mayor amenaza telúrica, que comprenden de modo directo a las provincias de Mendoza, San Juan, Salta y Jujuy, y con un nivel de exposición moderado a La Rioja, Catamarca y San Luis, el parque hotelero de menor facturación arrastra un pasivo estructural crítico derivado de construcciones previas a las reformas de los códigos de edificación contemporáneos. La implementación de procesos de reforzamiento estructural o retrofitting sísmico en inmuebles antiguos demanda inversiones de capital que los operadores de rango medio no logran amortizar debido a la marcada estacionalidad de la demanda. Un análisis de ingeniería de riesgos revela que actualizar las fundaciones, encamisar columnas de hormigón o instalar disipadores de energía supone un costo por metro cuadrado que muchas pequeñas y medianas empresas hoteleras prefieren omitir, asumiendo un riesgo de colapso o daño severo.

Esta fragilidad física se traslada directamente al mercado de seguros y a la transferencia del riesgo financiero. Las compañías aseguradoras locales aplican criterios rigurosos de ingeniería propia durante las inspecciones de suscripción ante la evidente fragmentación de los controles municipales de cada jurisdicción. Para un establecimiento mediano en San Miguel de Tucumán o Termas de Río Hondo en Santiago del Estero, la prima de una póliza de Todo Riesgo Operativo con cobertura específica de terremoto resulta prohibitiva, a lo que se suman deducibles o franquicias obligatorias que pueden alcanzar porcentajes significativos del valor total asegurado. Ante este escenario económico, una parte sustancial de la hotelería independiente opta por la infradeclaración de sumas aseguradas o descarta las coberturas catastróficas por completo, quedando expuestos a una quiebra técnica en caso de un evento de magnitud.

Por otra parte, la mutación de los patrones climáticos ejerce una presión sin precedentes sobre las plazas hoteleras del centro y este del país. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires concentran el mayor volumen de plazas del territorio y son propensas a sudestadas y colapsos de desagües por lluvias extraordinarias que someten a las fachadas y subsuelos a solicitaciones mecánicas extremas. En la costa atlántica bonaerense, los alojamientos de menor categoría lidian con la depreciación estructural acelerada por la corrosión salina, reduciendo la resiliencia de mamposterías ante vientos huracanados. En el corredor del Litoral y el Nordeste Argentino, que engloba a Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco y Formosa, el peligro principal radica en las crecidas de las cuencas de los ríos Paraná y Uruguay. A nivel de aseguramiento, las pérdidas por inundación en complejos turísticos ribereños independientes no solo implican daños materiales directos, sino pérdidas multimillonarias por la interrupción de la actividad comercial. La carencia de generadores eléctricos redundantes integrados y protegidos contra anegamientos prolonga los periodos de inactividad, transformando un siniestro climático en una crisis de insolvencia permanente por la pérdida de flujo de caja durante semanas de inoperatividad.

En las provincias patagónicas de Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, las exigencias edilicias responden a las cargas estáticas por acumulación de nieve y las dinámicas por ráfagas intensas. No obstante, el crecimiento desordenado de la oferta hotelera informal de construcción seca en las afueras de los centros urbanos como San Carlos de Bariloche o Ushuaia burla las fiscalizaciones de seguridad locales. Durante temporales severos, estos hospedajes experimentan un congelamiento de cañerías y fallas de climatización que exponen la ausencia de sistemas de respaldo térmico automatizados. Desde la perspectiva técnica de la gerencia de riesgos, estas deficiencias aumentan drásticamente los siniestros por responsabilidad civil frente a terceros y reclamos por inhabitabilidad.

Finalmente, la falta de una norma federal unificada de certificación en resiliencia climática y sísmica profundiza la disparidad entre las veinticuatro jurisdicciones. En provincias mediterráneas y de menor volumen receptivo masivo como La Pampa o Córdoba, las inspecciones de habilitación comercial suelen limitarse a la verificación de extintores y medidas de evacuación frente a incendios convencionales, desatendiendo la exposición a incendios de interfaz forestal-urbana que amenazan los complejos turísticos de las sierras. Esta descentralización regulatoria obliga a los liquidadores de siniestros y suscriptores corporativos a evaluar cada propiedad de manera aislada, encareciendo los costos de transacción para todo el sector. En consecuencia, la hotelería argentina requiere un replanteo que vincule las políticas de promoción turística con facilidades de financiamiento destinadas a la mitigación edilicia y la correcta contratación de coberturas de interrupción de negocio, garantizando que la supervivencia operativa ante una catástrofe natural deje de ser un privilegio exclusivo de las grandes cadenas hoteleras internacionales.