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El acuerdo autoriza a la Provincia a llevar adelante la construcción de estos tramos, que están bajo la órbita del Estado nacional. A cambio, Mendoza asume la responsabilidad de ejecutar las obras y responder por cualquier inconveniente que pudiera surgir durante su desarrollo, incluyendo reclamos laborales o previsionales.
Queda abierta la posibilidad de que Mendoza recupere esos recursos si se le autoriza a cobrar peaje en las rutas construidas. En caso contrario, la Provincia podrá reclamar lo invertido al Estado nacional.
El plazo previsto para la ejecución de las obras es de 36 meses. Una vez finalizadas, el mantenimiento de las rutas quedará a cargo de Vialidad Nacional, salvo que la Provincia obtenga la autorización para mantener y operar los tramos mediante el sistema de peajes.
Desde el Ejecutivo provincial destacaron la importancia de este convenio como una herramienta concreta para avanzar en obras estratégicas que benefician a una gran mayoría de mendocinos que transitan por estos tramos, mejorando el estado de la red vial en nuestro territorio para las actividades productivas también.
