Blindaje fiscal y climático: el rol estratégico del mercado asegurador para salvar las cuentas de las provincias y municipios argentinos

En una Argentina donde el equilibrio fiscal se ha convertido en una política de Estado innegociable y donde la "billetera" nacional ya no está disponible para cubrir indiscriminadamente los desajustes provinciales, la gestión de los riesgos climáticos y catastróficos cobra una urgencia inédita. Históricamente, ante una inundación en el Litoral, una sequía en la Pampa Húmeda o incendios en la Patagonia, la respuesta automática de los gobernadores e intendentes era solicitar Aportes del Tesoro Nacional (ATN) o endeudarse para reconstruir. Sin embargo, en la nueva configuración económica del país, ese modelo de "reparación vía déficit" ha caducado. Es en este escenario donde la alianza entre bancos, aseguradoras y empresas emerge no solo como una oportunidad financiera, sino como la única vía para dotar de robustez a la gestión pública local sin comprometer las metas de déficit cero.

​El desafío para la región es inmenso, pero la solución puede encontrarse en un cambio de paradigma sobre la tenencia de la información. El sistema asegurador argentino y regional posee una capacidad técnica y analítica superior a la de la mayoría de los municipios: mapas de riesgo hídrico actualizados, modelos de siniestralidad agrícola y proyecciones de impacto climático que hoy permanecen en el ámbito privado. La clave para una gestión integral de riesgos que no cueste dinero al contribuyente radica en que las aseguradoras impulsen una política de "puertas abiertas" con sus modelos de riesgos de desastres. Si el sector asegurador transfiere este know-how a los intendentes y gobernadores, el Estado deja de ser un espectador ciego que solo paga las consecuencias y pasa a ser un planificador informado.

​Esta apertura de datos permitiría, por ejemplo, que un municipio del Conurbano o del interior productivo modifique sus códigos de planeamiento urbano basándose en matrices de riesgo reales aportadas por las compañías de seguros, evitando la urbanización en zonas inundables o la instalación de industrias en áreas de alta volatilidad ambiental. Esta acción preventiva, que tiene un costo fiscal nulo, evita el gasto multimillonario futuro en subsidios y obras de emergencia. Aquí es donde la banca y las grandes empresas locales cierran el círculo virtuoso. Al contar con una administración local que gestiona el riesgo con estándares técnicos de aseguradora, el sistema financiero puede ofrecer herramientas de cobertura, como seguros paramétricos para provincias o fideicomisos de infraestructura resiliente, financiados por el sector privado que necesita esas obras para operar y exportar.

​La participación de las empresas en este esquema es pragmática y vital para la economía regional. Una catástrofe climática no solo destruye lo público, sino que corta la cadena de pagos y paraliza la producción privada. Por ello, bajo un esquema de transparencia de riesgos, las corporaciones tienen el incentivo de colaborar con los bancos para crear fondos de contingencia o instrumentos de transferencia de riesgo que protejan la continuidad operativa de la ciudad o provincia donde radican sus negocios. Esto libera al Estado municipal y provincial de ser el único garante ante el desastre, protegiendo el superávit primario y evitando la emisión monetaria o la toma de deuda tóxica para tapar agujeros de emergencia.

​Argentina tiene la oportunidad de liderar en la región un modelo de federalismo fiscal inteligente, donde la autonomía de las provincias y municipios no dependa de la discrecionalidad política de los fondos nacionales, sino de su capacidad para gestionar riesgos junto al mercado. Para que esto suceda, es imperativo que las aseguradoras den el primer paso, ofreciendo sus modelos de riesgo no como un producto comercial, sino como un insumo estratégico de gobernabilidad. De esta forma, se construye un blindaje institucional que protege tanto a los ciudadanos de las inclemencias del clima como a las cuentas públicas de las tormentas financieras.