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El proceso de reorganización del sector eléctrico nacional alcanzó un hito fundamental con la publicación de la Resolución 19/2026 en el Boletín Oficial. A través de esta normativa, el Ministerio de Economía, bajo la órbita de la Secretaría de Energía, definió las reglas de juego definitivas para la liquidación de energía y potencia de los complejos hidroeléctricos Alicurá, Piedra del Águila, Cerros Colorados y El Chocón. Esta medida otorga el marco de previsibilidad necesario para la operación de estas centrales tras la toma de posesión por parte de los nuevos concesionarios, concretada el pasado 9 de enero de 2026.
La normativa establece que la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA) será el organismo encargado de ejecutar la programación, el despacho y la medición de las transacciones. El régimen distingue técnicamente entre "energía y potencia regulada" y "liberada". Mientras que la porción regulada será remunerada bajo valores base y mecanismos contractuales específicos, la producción excedente o liberada podrá comercializarse de forma competitiva en el Mercado a Término o en el Mercado Spot, fomentando así la eficiencia en la oferta eléctrica.
En términos económicos, la resolución detalla un esquema de actualización anual para los valores de potencia y energía basado en los índices de precios al consumidor (CPI) y al productor (PPI) de los Estados Unidos. Este mecanismo de ajuste busca proteger la sostenibilidad financiera de las inversiones frente a los ciclos inflacionarios internacionales, garantizando que el mantenimiento de la infraestructura hidroeléctrica —vital para la seguridad del sistema interconectado— se mantenga en estándares óptimos durante los 30 años de duración de las concesiones.
Un aspecto central del nuevo marco es el tratamiento de las regalías hidroeléctricas. El Gobierno nacional ha dispuesto que CAMMESA realice liquidaciones diferenciadas para asegurar que las provincias de Neuquén y Río Negro perciban los montos correspondientes de manera transparente y directa. Con esta estructura, se busca armonizar los intereses de las administraciones provinciales con los de los adjudicatarios —Edison Holding S.A., BML Energía S.A. y Central Puerto S.A.—, cerrando así la transición administrativa iniciada en 2025 y sentando las bases para una nueva etapa en la gestión de los recursos hídricos del Comahue.
