La arquitectura del sistema financiero argentino ha transitado un proceso de reconfiguración profunda en el inicio de 2026, caracterizado por una migración de la exposición al sector público hacia una reactivación selectiva del crédito privado. La solvencia patrimonial, medida a través de la Responsabilidad Patrimonial Computable (RPC) en relación con los Activos Ponderados por Riesgo (APR), presenta niveles de robustez elevados, con un promedio sectorial que oscila en torno al 26,5%. Este excedente de capital, muy superior a las exigencias regulatorias locales y a los estándares internacionales de Basilea III, se apoya en una estructura de fondeo mayoritariamente minorista y una liquidez en moneda nacional que se mantiene por encima de las necesidades de cobertura de corto plazo.
En el extremo superior de la escala de solvencia patrimonial bruta se ubica el Banco de la Nación Argentina, cuya capitalización se estima en aproximadamente USD 14.400 millones a valores de mercado, consolidándose como el ancla de estabilidad del sistema. No obstante, al desglosar el ranking bajo criterios de eficiencia de capital y gestión de riesgo, entidades como Banco Macro y Banco Galicia presentan ratios de capital ajustado sobre riesgos ponderados superiores al 27%. Esta fortaleza les permite absorber potenciales deterioros en la cartera crediticia sin comprometer su operatividad. Por su parte, el Banco Provincia de Buenos Aires mantiene una adecuada capitalización con una RPC del 27,3%, beneficiada por una alta proporción de activos líquidos que mitigan la ponderación de riesgo total.
La liquidez del sistema ha experimentado una transición estructural. Mientras que durante 2024 y 2025 los bancos operaban bajo un esquema de excedentes colocados casi exclusivamente en títulos del Banco Central y el Tesoro, la composición de las carteras de inversión en 2026 muestra una mayor diversificación hacia instrumentos de renta fija con ajuste CER y títulos de deuda privada de corta duración. Entidades como Santander Argentina y BBVA han liderado la rentabilidad trimestral, apalancándose en una gestión activa de la brecha entre activos y pasivos ajustables por UVA, la cual representa cerca del 87% de la RPC sectorial. Esta estrategia ha permitido mantener márgenes financieros positivos en un entorno de desinflación, donde la liquidez de mercado se ha vuelto más sensible a las licitaciones del Tesoro.
La salud de la cartera crediticia ofrece señales mixtas pero constructivas. El ratio de morosidad agregada ha comenzado a descender tras los picos del año anterior, ubicándose en niveles manejables gracias a políticas de castigo de cartera y a una mayor rigurosidad en los modelos de scoring. La mora en el sector privado no financiero se ha estabilizado, permitiendo que las previsiones por riesgo de incobrabilidad no drenen excesivamente los resultados netos. En este sentido, bancos con fuerte penetración en el segmento corporativo y de consumo masivo, como el ICBC y el Banco Hipotecario, han ajustado sus previsiones para reflejar una recuperación gradual en la capacidad de pago de las familias, manteniendo una cobertura de previsiones sobre cartera irregular que excede holgadamente el 100%.
Finalmente, la composición de las carteras de inversión revela que la exposición a títulos públicos, si bien sigue siendo significativa, ha perdido peso relativo frente al crecimiento del préstamo comercial y las líneas para capital de trabajo. La dinámica de los "spreads" en la curva de pesos ha sido el principal motor de los resultados financieros, donde la habilidad de los tesoreros para arbitrar entre tasas fijas (Lecaps) e instrumentos indexados ha diferenciado a las entidades con mayor retorno sobre el patrimonio (ROE). En síntesis, el ranking de solvencia de 2026 no solo destaca la magnitud del capital propio, sino la capacidad técnica de los bancos para transformar la antigua dependencia del sector público en un balance más equilibrado y resiliente frente a los riesgos de mercado.
