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La reciente sanción de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos ha introducido una mutación profunda en el ordenamiento jurídico-laboral, orientada a la desindexación de pasivos mediante la eliminación de las multas por falta de registración. Sin embargo, desde una perspectiva de técnica legal y gestión de riesgos, la reforma exhibe una omisión deliberada de institutos de compliance corporativo, lo que paradójicamente podría exacerbar la exposición patrimonial de las empresas y sus cuerpos directivos. Al no haberse integrado un sistema de incentivos para la adopción de programas de integridad específicos del área del trabajo, la norma deja a la discrecionalidad judicial la valoración de la diligencia empresarial, privando a las organizaciones de un "puerto seguro" o estándar de cumplimiento que actúe como defensa tarifada ante eventuales litigios por fraude o discriminación.
Esta carencia de una estructura de cumplimiento legalmente reconocida impacta de manera directa en el régimen de responsabilidad de directores y gerentes previsto en la Ley General de Sociedades. Ante la desaparición de las sanciones automáticas de las leyes 24.013 y 25.323, el conflicto tiende a desplazarse hacia la figura de la responsabilidad civil y penal, donde la inexistencia de protocolos internos de supervisión puede ser interpretada como una violación al deber de diligencia del "buen hombre de negocios". Los órganos de dirección quedan así expuestos a acciones de repetición o derivaciones de responsabilidad solidaria, ya que la nueva ley no ofrece un marco de mitigación basado en el control preventivo, obligando a los directorios a gestionar relaciones laborales en un entorno de mayor incertidumbre procesal donde la "primacía de la realidad" sigue siendo el dogma imperante en los tribunales del trabajo.
Asimismo, la introducción de figuras como el trabajador independiente colaborador y la ampliación del período de prueba sin un correlato en normas de compliance genera una vulnerabilidad operativa crítica. Sin una auditoría interna robusta que documente la verdadera naturaleza de la autonomía técnica y económica, estas figuras pueden ser fácilmente redargüidas de falsas, mutando en reclamos por daños y perjuicios que, aunque despojados de las multas derogadas, mantienen una carga de intereses y costos financieros que pueden comprometer la solvencia corporativa. La reforma, al simplificar el costo de entrada y salida del mercado laboral pero ignorar la estandarización de procesos de ética y transparencia, traslada toda la carga de la prueba a un sistema de control interno que hoy carece de reconocimiento normativo explícito, dejando la protección del patrimonio social supeditada exclusivamente a una pericia defensiva ex post en lugar de una mitigación estructural ex ante.
