A tres décadas de la Ley de Riesgos del Trabajo: La madurez de un modelo bajo la presión de la litigiosidad y el empleo informal

El sistema de riesgos del trabajo en la Argentina cumple treinta años desde su entrada en vigencia efectiva en julio de 1996, un hito histórico que reconfiguró de manera irreversible el amparo de la seguridad social en el ámbito laboral. La sanción de la Ley 24.557 no solo significó el reemplazo de la añeja Ley 9.688 de 1915, sino que instauró un quiebre conceptual definitivo: el paso de un modelo puramente indemnizatorio e individualista a un sistema integrado, preventivo y bajo el estricto control de una autoridad específica, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT).

A lo largo de estas tres décadas, el crecimiento de la cobertura ha sido geométrico, expandiéndose desde aquellos iniciales 3,5 millones de trabajadores hasta rozar los 10 millones de asegurados en la actualidad. Sin embargo, este aniversario encuentra al ecosistema laboral en una encrucijada compleja, donde coexisten el orgullo por la drástica reducción de las tasas de mortalidad y los índices de siniestralidad, con agudas señales de alerta en materia de sustentabilidad y equidad social.

El cambio de paradigma: de la reparación a la prevención

Bajo el viejo esquema que rigió durante gran parte del siglo XX, el accidente de trabajo operaba como un siniestro civilizado cuya única respuesta institucional consistía en calcular el resarcimiento monetario una vez consumado el daño. La reforma de 1996 obligó a internalizar los costos de la inseguridad laboral introduciendo a las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) y otorgándole a la prevención un rol protagónico.

A través de programas específicos para empresas de alta siniestralidad, capacitación continua y fiscalización, se consolidó progresivamente una cultura preventiva. Las estadísticas oficiales respaldan este trayecto: las políticas preventivas permitieron reducir de manera sostenida los índices de accidentabilidad y mortalidad en los puestos de trabajo. Asimismo, la SRT destaca que el sistema garantiza prestaciones médicas y dinerarias oportunas, logrando que cerca del 90% de los expedientes iniciados encuentren resolución dentro del ámbito administrativo, sin necesidad de recurrir a la Justicia ordinaria.

Perspectivas críticas: ¿Qué es necesario mejorar o perfeccionar?

A pesar de la solidez institucional descrita por los organismos oficiales, analistas laborales, gremios y juristas independientes señalan que el modelo actual adolece de deficiencias estructurales que requieren una cirugía regulatoria urgente para no quedar obsoletas.

1. La desconexión con el empleo no registrado y las nuevas modalidades: El principal reproche al sistema actual es su carácter selectivo, intrínsecamente ligado a la formalidad laboral. En un mercado donde el empleo informal es persistentemente elevado, millones de trabajadores quedan desamparados frente al accidente o la enfermedad profesional. Esto empuja a los sectores más vulnerables a un desamparo crónico o al colapso de la salud pública general. Asimismo, las plataformas digitales y las nuevas formas de contratación independiente carecen de una cobertura clara adaptada a su realidad económica.

2. Burocracia y centralización de las Comisiones Médicas: Aunque la vía administrativa resuelve la gran mayoría de los casos, los plazos reales de resolución y la falta de una presencia territorial aún más densa en el interior del país continúan operando como una barrera de acceso para los trabajadores de regiones alejadas, postergando dictámenes esenciales y la liquidación oportuna de las indemnizaciones por incapacidad.

3. Actualización dinámica de las patologías: Los mecanismos de inclusión de nuevas enfermedades en el listado cerrado que maneja el sistema siguen siendo lentos, obligando en muchos casos al trabajador damnificado a litigar para demostrar el origen laboral de su dolencia.

Los grandes desafíos del futuro inmediato

Para garantizar su viabilidad y sostenibilidad de cara a las próximas décadas, el sistema argentino debe resolver tensiones severas distribuidas en tres frentes estratégicos:

• La litigiosidad crónica y la "industria del juicio": Es la gran paradoja del modelo: mientras los accidentes graves descienden, las demandas judiciales contra las ART registran alzas persistentes. La disparidad de criterios entre las Comisiones Médicas y los fueros laborales provinciales incentiva la vía judicial ordinaria. El gran desafío radica en la unificación y puesta en marcha efectiva de los Cuerpos de Peritos Médicos Oficiales en todas las jurisdicciones del país (siguiendo ejemplos recientes como los avances en la provincia de Córdoba), dictaminando de manera científica bajo un baremo único para extirpar la especulación y brindar previsibilidad económica a las empresas y certezas a los damnificados.

• La revolución tecnológica y las patologías invisibles: La digitalización y el teletrabajo han diluido los límites temporales y espaciales del entorno laboral. El desafío actual es reconvertir los esquemas de control para anticipar y gestionar los riesgos psicosociales (como el síndrome de burnout, la ansiedad y el estrés crónico) y las afecciones ergonómicas invisibles, superando el viejo catálogo de accidentes puramente mecánicos. Iniciativas como el "Libro Blanco de la Prevención" de la SRT intentan trazar esta hoja de ruta mediante la incorporación de análisis de datos e inteligencia artificial aplicada a la supervisión.

• Sustentabilidad macroeconómica: Equilibrar el costo de las alícuotas que pagan los empleadores (especialmente las PyMEs) con la suficiencia y oportunidad de las indemnizaciones en contextos de inestabilidad económica es vital para evitar el desfinanciamiento del sistema o la asfixia del sector productivo.

Conclusión

A tres décadas de su creación, el Sistema de Riesgos del Trabajo en la Argentina ha demostrado ser una herramienta indispensable de la seguridad social que salvó miles de vidas gracias a la centralidad de la prevención. Sin embargo, su madurez exige reformas audaces. Su supervivencia y equidad dependerán de la capacidad de articular consensos políticos, judiciales y sectoriales que logren frenar la litigiosidad desmedida, adapten las normativas a la era digital y, fundamentalmente, extiendan la protección hacia los sectores que hoy operan en los márgenes de la formalidad laboral.