El Banco Asiático de Desarrollo exige acelerar la resiliencia hídrica ante la creciente vulnerabilidad climática en Asia y el Pacífico

En el marco del quincuagésimo aniversario del Día del Agua en Japón, el organismo multilateral alerta sobre la brecha de inversión y los severos riesgos que enfrentan más de 4.000 millones de personas por fenómenos meteorológicos extremos e infraestructura deficiente.
Comunidades Seguras28 de julio de 2026RNRN

El Presidente del Banco Asiático de Desarrollo (BAD), Masato Kanda, realizó un firme llamamiento a los gobiernos y al sector privado para acelerar las inversiones y las reformas estructurales orientadas a garantizar la seguridad hídrica en Asia y el Pacífico. Durante su intervención magistral en el Simposio Internacional Conmemorativo del 50.º Aniversario del Día del Agua de Japón, celebrado en Tokio con la presencia de Su Majestad el Emperador de Japón, la máxima autoridad del BAD subrayó que el acceso continuo y seguro al agua ya no representa un mero asunto sectorial, sino el pilar central de la estabilidad económica y la resiliencia social en toda la región.

El diagnóstico presentado por la institución multilateral revela una paradoja crítica en la dinámica de desarrollo regional. Aunque Asia y el Pacífico han experimentado avances socioeconómicos notables en las últimas décadas, los riesgos ambientales e hidrológicos se incrementan a un ritmo significativamente mayor que la capacidad de preparación de los Estados. El recurso hídrico sostiene la salud pública, la producción de alimentos y la generación de energía mediante fuentes hidroeléctricas limpias. En un entorno internacional marcado por tensiones geopolíticas y volatilidad en los mercados energéticos, el vínculo entre la seguridad hídrica y la estabilidad energética adquiere una trascendencia estratégica sin precedentes.

El mapa de la vulnerabilidad y el impacto del cambio climático

Los desafíos que afronta la región de Asia y el Pacífico en la gestión de sus recursos hídricos son de un volumen extraordinario. La geografía regional se encuentra en la primera línea del impacto climático global: más del 40 por ciento de las inundaciones ocurridas a nivel mundial tienen lugar en este continente, devastando comunidades, destruyendo cultivos y erosionando infraestructura crítica de forma recurrente. A este escenario de eventos extremos se suma una persistente brecha en el acceso a servicios básicos. En la actualidad, aproximadamente 220 millones de personas carecen de un suministro básico de agua potable, mientras que cerca de 520 millones de habitantes sufren la falta de servicios esenciales de saneamiento.

Si bien los datos recopilados en el quinto Panorama del Desarrollo del Agua en Asia del BAD señalan que desde 2013 unos 2.700 millones de personas lograron salir de situaciones de inseguridad hídrica extrema, estos progresos continúan siendo altamente frágiles. Se estima que cerca de 4.000 millones de personas permanecen expuestas a riesgos sistemáticos derivados de un suministro hídrico inestable, desastres naturales recurrentes y la degradación continua de las cuencas y ecosistemas acuáticos de los que dependen sus medios de vida.

Complejidades estructurales y gobernanza en la gestión hídrica

Superar la crisis hídrica regional exige resolver deficiencias estructurales que van más allá del financiamiento directo. Uno de los mayores obstáculos reside en la gobernanza fragmentada y la falta de planificación integrada de cuencas hidrográficas que atraviesan múltiples jurisdicciones o fronteras nacionales. La rápida urbanización no planificada, la sobreexplotación de acuíferos subterráneos por parte de la agricultura intensiva y la contaminación de cuerpos de agua por vertidos industriales amenazan con inutilizar fuentes estratégicas del recurso antes de que los países puedan modernizar sus redes de distribución.

Asimismo, las altas tasas de pérdidas de agua no contabilizada —producto de tuberías obsoletas, fugas no detectadas y conexiones ilegales— merman considerablemente los recursos financieros de los operadores municipales. Sin sistemas tarifarios equitativos pero sostenibles y sin marcos regulatorios que incentiven la eficiencia, las empresas públicas de agua carecen del margen fiscal necesario para mantener las instalaciones existentes o expandir la red hacia las poblaciones periféricas y rurales más vulnerables.

Iniciativas multilaterales y lecciones del modelo de integración

Frente a este complejo panorama, las alianzas estratégicas y las herramientas financieras innovadoras emergen como componentes clave para cerrar la brecha de inversión. En este contexto, el Banco Asiático de Desarrollo y el Gobierno de Japón formalizaron la creación de un nuevo fondo administrado por el BAD, respaldado por un aporte inicial de 10 millones de dólares por parte de Tokio. Este mecanismo estará destinado a fortalecer la preparación ante desastres, modernizar la infraestructura hídrica y promover la gestión ambiental en las economías en desarrollo de la región.

Esta iniciativa se suma a un compromiso institucional más amplio, mediante el cual el BAD destinó 12.700 millones de dólares al sector hídrico entre 2021 y 2025, beneficiando de forma directa a unos 63 millones de personas. Entre los proyectos destacados se encuentra la expansión de plantas de tratamiento de aguas residuales en Fiyi para preservar ecosistemas de manglares y arrecifes de coral; el fortalecimiento de los servicios de agua en Filipinas en colaboración con el sector privado; y la implementación de reformas de gestión en Sri Lanka orientadas a reducir las pérdidas operativas en las redes urbanas.

El modelo desarrollado por Japón a lo largo de cinco décadas —iniciado con la instauración del Día del Agua en 1977— demuestra que la continuidad institucional, la descentralización del tratamiento de aguas servidas y la gestión integrada por cuencas permiten transformar una vulnerabilidad histórica en un sistema de resiliencia sostenible. Para los países de Asia y el Pacífico, la adopción de enfoques adaptados a sus realidades locales determinará no solo su capacidad de respuesta ante emergencias climáticas, sino también la viabilidad de su desarrollo económico en las próximas décadas.

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