RNGINEBRA — La acumulación de desechos tóxicos altamente persistentes representa una amenaza directa para la vigencia de los derechos humanos básicos en todo el mundo. La advertencia fue formulada por la relatora especial de las Naciones Unidas en ecotoxicología, Bethanie Carney Almroth, durante su primera presentación ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. El centro de la alarma internacional se enfoca en las sustancias perfluoradas y polifluoradas (PFAS), conocidas como "químicos eternos" debido a que su capacidad de degradación natural es prácticamente nula.
Utilizados en la fabricación de sartenes antiadherentes, envases de comida rápida, indumentaria impermeable y espumas contra incendios, los PFAS ingresan de forma continua a los ecosistemas y a la cadena alimentaria. Según el informe presentado ante el organismo internacional, la contaminación humana se produce desde los centros de producción industrial hasta el agua potable y los alimentos procesados.
La toxicidad de estos compuestos está vinculada a disfunciones hepáticas, alteraciones inmunológicas y trastornos endocrinos. La evidencia médica citada por la ONU confirma además que los PFAS atraviesan la barrera placentaria y se transmiten mediante la leche materna y la sangre del cordón umbilical, afectando el desarrollo desde la etapa gestacional.
El impacto de la contaminación química no se distribuye de manera uniforme. Aunque la producción primaria de PFAS se concentra en países desarrollados e industrializados, los contaminantes se desplazan globalmente mediante el comercio y el transporte transfronterizo de residuos.
Carney Almroth enfatizó que abordar este problema exige analizar la asimetría entre quienes se benefician económicamente de la industria sintética y las poblaciones vulnerables que absorben los costos sanitarios y ambientales. Ante la imposibilidad técnica de sanear los ecosistemas a gran escala, la ONU instó a establecer una prohibición internacional inmediata sobre todos los usos no esenciales de los PFAS y a blindar la investigación científica frente a presiones corporativas.
La problemática internacional resuena de manera directa en la Argentina, donde los "contaminantes emergentes" circulan en las fuentes de agua sin un marco de monitoreo obligatorio a escala federal. A diferencia de las normativas de la Unión Europea o de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) —que imponen topes estrictos de partes por billón (ppb) para el PFOA y PFOS en agua potable—, la legislación nacional argentina no establece límites cuantitativos obligatorios ni monitoreos periódicos para estas sustancias en las redes de suministro ni en el Código Alimentario Argentino.
Pese a que en el Congreso Nacional se han presentado iniciativas parlamentarias (como el Proyecto de Ley S-1785/2021) destinadas a prohibir el uso de PFAS en envases de alimentos y cosméticos, el avance legislativo ha sido lento. Al mismo tiempo, laboratorios de control alimentario y ambiental en el país advierten sobre la presencia de estas sustancias en empaques de consumo masivo y efluentes industriales, lo que plantea un desafío adicional para la competitividad exportadora de la agroindustria nacional frente a las exigencias de los mercados internacionales.
La Argentina se ubica así en el centro de las advertencias formuladas por la ONU: la necesidad de dejar de actuar reactivamente ante la contaminación y avanzar en regulaciones preventivas que controlen las sustancias tóxicas desde su origen.
