El espejismo de la estabilidad: por qué el RIGI no basta cuando falla la transparencia

Argentina navega nuevamente por aguas conocidas y, a la vez, extrañamente inexploradas. A dos años del inicio de la gestión de Javier Milei, el balance sobre el riesgo político local presenta una dicotomía compleja que desconcierta a los analistas internacionales y mantiene en guardia al círculo rojo local. Si bien es innegable que la administración libertaria ha logrado imponer una narrativa de coherencia macroeconómica que brilló por su ausencia en gobiernos anteriores, la estructura institucional del país sigue crujiendo bajo el peso de una histórica falta de seguridad jurídica. En este escenario, ni siquiera las herramientas más ambiciosas, como el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), logran disipar por completo la sombra de la duda que se proyecta sobre el futuro inmediato de la nación.

​El corazón del problema radica en que la seguridad jurídica no se decreta, se construye. El RIGI, diseñado como un imán para capitales foráneos mediante beneficios fiscales y normativos, se enfrenta a una pared que ninguna ley ómnibus puede derribar por sí sola: la falta de políticas de Estado claras y sostenibles en el tiempo. El inversor, por naturaleza adverso a la incertidumbre, observa con cautela un ecosistema donde las reglas de juego parecen depender más de la voluntad del Ejecutivo de turno que de un consenso institucional sólido. La vulnerabilidad económico-política persiste no por una falta de rumbo del actual gobierno, sino porque el sistema político argentino no ha logrado garantizar que este rumbo sobrevivivirá al próximo ciclo electoral. Sin ese horizonte de previsibilidad, cualquier incentivo económico corre el riesgo de ser percibido como una oportunidad de carry trade regulatorio, pero no como un compromiso a décadas.

​Es justo reconocer que los últimos dos años han marcado un punto de inflexión en la racionalidad económica. La gestión de Milei ha inyectado una dosis de realismo en las cuentas públicas y ha desmantelado trabas burocráticas que asfixiaban al sector privado. Sin embargo, esta coherencia en la planilla de Excel convive con una preocupante falta de transparencia en la gestión política cotidiana. La administración libertaria, en su afán refundacional, ha mostrado costados opacos en la toma de decisiones y en el manejo de la cosa pública que generan interrogantes legítimos a futuro. Esta opacidad no es un detalle menor; en los mercados modernos, la calidad institucional y la transparencia son activos tan valiosos como el equilibrio fiscal. Si los actores económicos no pueden trazar la línea de cómo y por qué se toman ciertas decisiones, la prima de riesgo argentina seguirá incorporando un sobrecosto por desconfianza institucional.

​Esta fragilidad interna se magnifica al observar el tablero internacional, donde Argentina ha adoptado una política exterior de corte netamente economicista, un giro que en principio resulta positivo para reinsertar al país en el mundo occidental. No obstante, la diplomacia requiere un bisturí, no un martillo. La postura de confrontación ideológica directa con los intereses chinos representa un riesgo latente que podría costar caro. China no es solo un socio comercial; es un acreedor y un inversor estratégico en infraestructura crítica. Al chocar de frente con Beijing, Argentina corre el riesgo de importarse tensiones geopolíticas innecesarias, quedando atrapada en el fuego cruzado de una guerra fría comercial que excede sus capacidades de maniobra. Una política exterior inteligente debería priorizar el pragmatismo sobre el dogma, evitando que el país se convierta en un campo de batalla para potencias extranjeras en los próximos años.

​En definitiva, la Argentina de hoy ofrece una paradoja. Tiene un gobierno con una dirección económica más clara que sus predecesores, pero inserto en un estado que aún no ofrece garantías de continuidad ni de transparencia absoluta. Mientras la seguridad jurídica siga siendo una variable dependiente de la política partidaria y no una constante institucional, y mientras la diplomacia se maneje con anteojeras ideológicas en un mundo multipolar, el riesgo político seguirá siendo el techo de cristal que impide el verdadero despegue. El RIGI puede abrir la puerta, pero solo la confianza en las instituciones logrará que las inversiones decidan quedarse a vivir.