Emergencia Hídrica y Crisis Productiva: El Grito de los Intendentes ante la Gestión de Salto Grande

La estabilidad económica y social de las comunidades que integran la Microrregión Tierra de Palmares y la Costa del Uruguay se encuentra en un punto de ruptura institucional. En una misiva dirigida a la Delegación Argentina de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, los intendentes de la región han manifestado una preocupación técnica profunda por las bruscas y constantes fluctuaciones del nivel del río Uruguay, una dinámica que califican como una administración de espaldas a la realidad territorial. El eje del conflicto radica en la falta de un protocolo de manejo hídrico que priorice la previsibilidad sobre la optimización energética, una política que está asfixiando a las economías locales en el pico de la temporada estival. Las mediciones en los puertos de Concordia y Salto muestran oscilaciones que pueden superar el metro de diferencia en menos de 24 horas, lo que inutiliza la infraestructura de playas y degrada los activos turísticos que representan el motor financiero de la región.

​El impacto económico de estas decisiones operativas no es solo cualitativo, sino que ya se traduce en cifras de una gravedad técnica alarmante. Informes preliminares y estimaciones de las cámaras de comercio y turismo locales sugieren que el lucro cesante por la inhabilitación de zonas recreativas y la caída de reservas hoteleras supera los 500 millones de pesos semanales para el conjunto de las localidades afectadas. A este desbalance operativo se suman los daños por erosión costera, un proceso acelerado por los ciclos de carga y descarga de la represa que afecta la estabilidad de defensas y pavimentos urbanos. De hecho, la propia Comisión Técnica Mixta ha tenido que reconocer la magnitud del daño estructural asignando partidas específicas de hasta 2 millones de dólares para obras de mitigación de erosión en márgenes específicas, una cifra que los jefes comunales consideran apenas un paliativo frente al daño patrimonial acumulado. La inversión pública municipal en infraestructura de servicios, estimada en miles de millones de pesos a lo largo de la costa, se ve sometida a un estrés hídrico que reduce su vida útil y desestimula cualquier proyecto de inversión privada a largo plazo.

​La demanda técnica de los intendentes se centra en la exigencia de un canal de información diaria, clara y accesible que permita una planificación de contingencias real, evitando que el río sea utilizado como un mero reservorio de ajuste para el mercado eléctrico mayorista sin considerar el costo social aguas abajo. Los mandatarios sostienen que la gestión de Salto Grande debe mutar hacia un modelo de desarrollo sostenible donde la generación de energía no sea incompatible con la preservación del recurso y la estabilidad de las ciudades. La situación actual, donde los niveles del río se definen con criterios puramente hidrométricos de despacho energético, está provocando un quebranto financiero en prestadores de servicios y comerciantes que dependen de la previsibilidad del entorno natural. La región exige ahora no solo una revisión de los protocolos de operación del embalse, sino también la institucionalización de compensaciones económicas por los daños derivados de una gestión que, hasta la fecha, ha priorizado el flujo de voltios sobre la estabilidad del ecosistema productivo ribereño.