RN
La aviación civil argentina atraviesa una de sus transformaciones normativas más profundas de las últimas décadas. Bajo el amparo de las Resoluciones N.º 54/2026 y N.º 55/2026, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) ha iniciado un proceso de desregulación y modernización que altera la estructura de mando en todos los aeropuertos del país. El núcleo de este cambio radica en la actualización de la RAAC Parte 153 y la creación de la RAAC Parte 77, herramientas que buscan desplazar el peso de la gestión operativa cotidiana desde el organismo estatal hacia los explotadores aeroportuarios.
Esta reconfiguración no es solo administrativa; representa una apuesta por un modelo de gestión donde el Estado abandona la ejecución directa de tareas secundarias para concentrarse en su rol de autoridad de control y fiscalización. Al delegar funciones como el servicio de guiado de aeronaves (Follow-Me), el control de vehículos en plataforma y la emisión de credenciales de seguridad, se busca eliminar los cuellos de botella que históricamente han ralentizado la operatividad en tierra.
Las Luces: Eficiencia y Alineación Internacional
La principal virtud técnica de esta reforma es la optimización de la cadena de información crítica. Anteriormente, cualquier reporte sobre el estado de la pista o contingencias operativas debía pasar por el filtro administrativo de la Jefatura de Aeródromo. Con el nuevo esquema, el explotador tiene la facultad de notificar directamente al Servicio de Información Aeronáutica (AIS). Esta comunicación directa reduce los tiempos de latencia, permitiendo que pilotos y aerolíneas reciban datos precisos sobre la seguridad de superficie de manera casi instantánea, un requisito esencial según los estándares de la OACI.
Asimismo, la introducción de la RAAC Parte 77 dota al sistema de un blindaje jurídico frente al desarrollo urbano. Al unificar las normativas sobre obstáculos y construcciones en las adyacencias de los aeródromos, se garantiza que infraestructuras ajenas al sector —como torres de comunicación o parques eólicos— no vulneren las superficies de despeje. Esta armonización con el Reglamento Aeronáutico Latinoamericano (LAR) posiciona a la Argentina en un marco de competitividad regional, facilitando la planificación de inversiones a largo plazo bajo reglas de juego claras.
Las Sombras: Riesgos de Disparidad y Carga de Control
Sin embargo, el éxito de este modelo depende de la capacidad de los explotadores para asumir estas nuevas competencias. Existe una preocupación técnica respecto a la brecha de recursos entre los grandes hubs internacionales y los aeródromos públicos de menor tránsito. Mientras que las terminales con mayor flujo poseen la infraestructura para gestionar sus propios planes de emergencia y seguridad operacional, los aeródromos más pequeños enfrentan el reto de coordinar estas tareas sin la tutela directa y constante del jefe de aeródromo en el área operativa.
El traspaso de la coordinación de los comités de seguridad y riesgo por fauna a manos de los propios explotadores también genera un interrogante sobre la neutralidad en la gestión de riesgos. Si bien la ANAC mantiene la potestad de fiscalización, el organismo deberá demostrar una capacidad de auditoría extremadamente rigurosa para asegurar que la búsqueda de eficiencia operativa no eclipse los márgenes de seguridad. La transferencia de funciones debe completarse en un plazo de 180 días, un margen estrecho que pondrá a prueba la resiliencia de un sistema que ahora deposita una cuota inédita de responsabilidad en el sector privado y los administradores locales.
