RNWASHINGTON, D.C. — El Directorio Ejecutivo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un préstamo de inversión por US$ 92,3 millones destinado al estado brasileño de Pernambuco, con el propósito de optimizar la recaudación de ingresos y la gestión del gasto público.
Esta operación se enmarca dentro de PROFISCO III (Programa de Modernización de la Gestión Fiscal en Brasil), una iniciativa respaldada por el BID y coordinada con el gobierno federal brasileño para ayudar a los estados a modernizar su administración fiscal, acompañar la implementación de la reforma tributaria nacional y fortalecer la sostenibilidad fiscal a largo plazo.
El programa potenciará la capacidad de Pernambuco para planificar, administrar y supervisar los recursos públicos mediante ejes clave:
Transformación digital y ciberseguridad: Actualización de los sistemas de gestión de datos, infraestructura tecnológica y optimización de la gestión de recursos humanos.
Inteligencia artificial y participación ciudadana: Uso de tecnologías avanzadas para promover la transparencia, la educación fiscal y la interacción directa con los ciudadanos.
Las proyecciones del organismo prevén múltiples beneficios tanto para las cuentas públicas como para el sector productivo regional:
Eficiencia fiscal: Aumento de los ingresos tributarios estatales como porcentaje del PIB y reducción de los costos operativos de recaudación.
Optimización de procesos: Acortamiento de los plazos en auditorías y contrataciones públicas, además de un incremento en el cumplimiento fiscal.
Clima de negocios: Configuración de un entorno comercial más competitivo, ágil y transparente, respaldado por políticas públicas fundamentadas en análisis de datos.
El préstamo del BID se otorgó a un plazo de 24 años y medio, con un período de gracia de seis años y una tasa de interés basada en la SOFR. Asimismo, el proyecto cuenta con un financiamiento de contrapartida por US$ 10,3 millones.
Tras la aprobación del Directorio Ejecutivo, el programa continuará su curso a través de los procesos legales y administrativos requeridos en Brasil antes de dar inicio a su fase de ejecución.
