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Tras emitir la Declaración de Impacto Ambiental de PSJ Cobre Mendocino, el Gobierno de Mendoza la remitirá a Legislatura luego de un proceso de análisis interinstitucional, que incluyó talleres participativos, una Audiencia Pública de diez días —con récord de participación ciudadana— y una instancia posterior de presentaciones escritas, donde se incorporaron más de 9.500 aportes al expediente.
La Autoridad Ambiental Minera, integrada por la Dirección de Minería y la Dirección de Gestión y Fiscalización Ambiental, elaboró un informe técnico que da respuesta a todas las intervenciones orales y escritas, consolidando un documento de casi 6.000 páginas de respuesta pública, disponible para consulta de cualquier interesado.
En el proceso intervinieron casi 100 profesionales y 16 organismos sectoriales y técnicos, y la Comisión Evaluadora Interdisciplinaria Ambiental Minera (CEIAM), cuyos requerimientos y recomendaciones fueron incorporados en la Resolución. Además, luego de más de 10 años se volvió a conformar una mesa interdisciplinaria ambiental denominado Consejo Provincial del Ambiente-integrante a su vez de la CEIAM-, que realizó una detallada evaluación del proyecto a lo largo de varios encuentros, culminando con un informe con recomendaciones claves para el desarrollo sostenible del proyecto.
“La presentación de la DIA del proyecto PSJ Cobre Mendocino para su ratificación legislativa es un hito muy importante. Un paso más en este proceso que está llevando adelante la provincia para que las inversiones privadas desarrollen una actividad minera sostenible, que incremente los ingresos y dinamice la economía local y colabore en esos mismos objetivos en la economía nacional”, destacó la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre.
En esa línea, resaltó que esta Declaración de Impacto Ambiental “es el resultado de un proceso de evaluación técnico, participativo y transparente. Que continuará con los mismos estándares de exigencia durante toda la vida del proyecto”.
Por último, Latorre invitó “a la ciudadanía a ser parte de los controles de manera directa o indirecta” y aseveró que “la información está y seguirá estando a disposición de todos los interesados”.
Por su parte, el director de Minería, Jerónimo Shantal, comentó que con este proceso “la provincia eleva la vara ambiental con más control, más tecnología y más participación. No es un cheque en blanco: es una autorización con obligaciones estrictas, monitoreos en tiempo real y puertas abiertas a la ciudadanía”.
Finalmente, Leonardo Fernández, director de Gestión y Fiscalización Ambiental, destacó: “El agua, la biodiversidad y el patrimonio cultural están en el centro del esquema de salvaguardas. La transparencia es un compromiso: habrá informes públicos y auditoría social para que la ciudadanía pueda realizar un seguimiento en caso de que el proyecto obtenga la ratificación legislativa”.
