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En un escenario climático cada vez más volátil, donde la Argentina enfrenta con mayor frecuencia fenómenos extremos —desde inundaciones repentinas en el Litoral hasta olas de calor severas en la zona central—, la gestión del riesgo de desastres enfrenta una deuda pendiente: la inclusión real de las personas con discapacidad. Si bien los protocolos de emergencia suelen estar diseñados para una ciudadanía estándar, la realidad demuestra que, ante una catástrofe, las personas con movilidad reducida o nula enfrentan una vulnerabilidad desproporcionada que puede significar la diferencia entre la supervivencia y la tragedia.
La problemática radica en la invisibilidad de estas necesidades dentro de la planificación tradicional. Históricamente, los sistemas de respuesta han pasado por alto las barreras que surgen cuando el tiempo apremia. Para un usuario de silla de ruedas, una persona con parálisis cerebral o un adulto mayor con autonomía limitada, una alerta meteorológica no es simplemente un aviso, sino el comienzo de una carrera de obstáculos. Si el vehículo de rescate carece de rampas o el refugio asignado no posee instalaciones sanitarias adaptadas, el Estado está fallando en su deber básico de protección universal.
Ante este panorama, la responsabilidad recae fundamentalmente en los gobiernos locales. Son los municipios y comunas quienes tienen el deber indelegable de integrar la perspectiva de discapacidad de manera transversal en sus Planes de Acción durante Emergencias (PADE). Un plan verdaderamente inclusivo no puede limitarse a anexos teóricos, sino que debe resolver dilemas operativos complejos antes de que ocurra el desastre. Esto implica definir con antelación la logística para evacuar a personas postradas en edificios altos ante cortes de energía, garantizar la accesibilidad física en los centros de evacuados y asegurar que los sistemas de alerta temprana sean perceptibles también para quienes tienen discapacidades auditivas o visuales.
Para lograr esta precisión en la respuesta, la labor preventiva de los equipos de asistentes sociales y trabajadores territoriales se vuelve una herramienta estratégica insustituible. Es imperativo que las áreas de Desarrollo Social realicen relevamientos exhaustivos en tiempos de calma, capacitando a su personal para elaborar informes socio-ambientales que trasciendan la evaluación económica tradicional. Estos diagnósticos deben mapear y georreferenciar con exactitud los domicilios de las personas con movilidad reducida, analizar la solidez de su red de contención familiar y registrar necesidades críticas, como la dependencia de soporte vital eléctrico o la necesidad de medicación refrigerada.
Argentina debe transitar de la improvisación a la previsión estratégica. La incorporación de las personas con discapacidad en la gestión de riesgos no es una cuestión de caridad, sino una obligación de Derechos Humanos amparada por la legislación vigente. Solo mediante la preparación técnica de los equipos sociales y la adaptación de los planes locales se podrán construir ciudades resilientes, capaces de proteger a todos sus habitantes por igual cuando la emergencia golpee a la puerta.
