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Comunidades Seguras02 de enero de 2026
RNLa llegada del nuevo año ha quedado marcada por una tragedia que devuelve al mundo a sus horas más oscuras. Lo ocurrido en el bar Le Constellation, en el exclusivo centro de esquí de Crans-Montana, Suiza, no es solo un hecho fortuito, sino una dolorosa reiteración de patrones que la humanidad parece condenada a repetir. El uso de pirotecnia en un recinto cerrado, con techos de madera y materiales de alta combustión, provocó un incendio que ya se cobra decenas de víctimas. Este escenario dispara de inmediato una alarma que en Argentina conocemos de forma visceral: el fantasma de República Cromañón. A más de dos décadas de aquel diciembre de 2004, la negligencia en las habilitaciones y la falta de control post-otorgamiento siguen siendo los hilos conductores de desastres evitables en cualquier latitud.
Desde una perspectiva estrictamente técnica, las tragedias en locales de espectáculos no deben categorizarse como accidentes, sino como fallas sistémicas del Estado y los privados. El error de base más recurrente en los gobiernos locales es considerar la habilitación como un trámite estático y no como un proceso dinámico de seguridad. Se otorga un permiso basándose en planos presentados en un escritorio, pero rara vez se fiscaliza que las condiciones de ese espacio se mantengan inalterables durante la operación real. Un local habilitado bajo estrictas normas de factor ocupacional puede convertirse en una trampa mortal en cuestión de minutos cuando se sobrepasa el límite de personas permitido, alterando las fórmulas de flujo de evacuación que determinan el ancho necesario de las salidas de emergencia.
Otro de los fallos estructurales reside en la fiscalización de los materiales de revestimiento. Las inspecciones suelen limitarse a verificar la presencia de extintores, omitiendo el análisis de la toxicidad y la velocidad de propagación de llama de los elementos decorativos. En incendios de este tipo, la mayoría de las muertes no se producen por el contacto directo con el fuego, sino por la inhalación de gases letales como el cianuro de hidrógeno y el monóxido de carbono, generados por la combustión de espumas y maderas tratadas en los primeros dos minutos del siniestro. La falta de un control constante permite que, tras obtener la habilitación, los propietarios añadan decoraciones inflamables que anulan cualquier medida de seguridad previa.
Existe además una problemática extendida denominada el "crossover" de rubros, donde establecimientos habilitados como restaurantes o cafés funcionan de facto como discotecas o salas de conciertos. Este vacío legal permite que locales con exigencias de seguridad laxas alberguen actividades de alto riesgo. Los gobiernos municipales suelen fallar al no exigir una recalificación técnica obligatoria cuando el uso del espacio cambia, permitiendo que la ambición comercial ignore los protocolos de ignifugación y supresión activa de incendios.
La lección que Crans-Montana deja al mundo es que el rigor técnico no es una cuestión de riqueza nacional, sino de voluntad política y ética administrativa. La seguridad debe dejar de ser un papel archivado para transformarse en un ejercicio de vigilancia severa, con auditorías sorpresivas y sistemas de conteo de personas automatizados. La memoria de las víctimas exige que las habilitaciones sean instrumentos de protección real y no simples trámites burocráticos que se diluyen ante la primera bengala o la primera puerta cerrada con candado.

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