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WASHINGTON – Los países de América Latina y el Caribe han logrado avances significativos en el fortalecimiento de su capacidad de ciberseguridad, pero persisten diferencias en recursos, desarrollo de talento y coordinación intersectorial que continúan dejando a la región vulnerable frente a amenazas digitales en evolución, según un nuevo informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organización de los Estados Americanos (OEA).
El informe “Ciberseguridad 2025: Vulnerabilidad y desafíos de madurez para reducir brechas en América Latina y el Caribe”, elaborado en colaboración con el Global Cyber Security Capacity Centre de la Universidad de Oxford, ofrece la evaluación más completa hasta la fecha sobre la madurez en ciberseguridad en 30 países de la región. El estudio compara capacidades nacionales utilizando el Modelo de Madurez de Capacidad en Ciberseguridad para Naciones (CMM por sus siglas en inglés), lo que permite análisis comparativos en el tiempo y entre países.
Basado en datos únicos recopilados de los Estados Miembros de la OEA, el análisis brinda una visión fundamentada sobre cómo los países han avanzado entre 2020 y 2025, y las diferencias que aún persisten en sus capacidades de ciberseguridad. La evaluación se estructura en torno a las cinco dimensiones del CMM, que abarcan áreas clave para la preparación en ciberseguridad: política y estrategia; cultura y sociedad; educación, formación y competencias; marcos legales y regulatorios; y tecnología y estándares. El informe ofrece recomendaciones prácticas para responsables de políticas públicas, líderes del sector privado y sociedad civil.
“La revolución digital está transformando economías y sociedades en América Latina y el Caribe, pero también trae nuevos riesgos”, señaló Paula Acosta, jefa de la División de Capacidad Institucional del Estado en el BID. “Este informe muestra que, si bien la región ha logrado avances importantes y los resultados promedio han mejorado en todas las dimensiones evaluadas, existe una clara necesidad de acelerar la inversión en ciberseguridad, fortalecer la colaboración intersectorial, las capacidades operativas y garantizar que todos los países estén mejor preparados para gestionar los crecientes riesgos en ciberseguridad.”
