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El actual proceso de desregulación económica que atraviesa la República Argentina ha introducido un cambio de paradigma en la administración pública, especialmente para los Gobiernos Locales. Tras la reciente derogación de las normativas que obligaban a las dependencias estatales a contratar exclusivamente con aseguradoras de bandera, se ha abierto un abanico de competitividad que permite a los municipios optimizar sus costos operativos. Sin embargo, esta apertura de mercado no está exenta de riesgos técnicos sustanciales: la proliferación de ofertas con primas excesivamente bajas puede ocultar una debilidad financiera que, ante un siniestro de magnitud, derive en una crisis de solvencia y en una eventual responsabilidad compartida del Estado.
En la gestión de la cosa pública, el seguro no debe ser interpretado meramente como un gasto obligatorio, sino como una transferencia técnica de riesgos. La solvencia de la compañía contratada es el pilar que garantiza la indemnidad del patrimonio municipal. En la actualidad, se observa un fenómeno preocupante en el que ciertas aseguradoras, favorecidas por la libre competencia pero carentes de reservas técnicas sólidas, comienzan a mostrar dificultades para responder ante eventos de alta siniestralidad. Esta incapacidad de respuesta no solo deja desprotegido al municipio, sino que suele derivar en la figura jurídica de la responsabilidad solidaria, donde la Justicia condena al Gobierno Local a afrontar con fondos propios las indemnizaciones que la aseguradora no puede cubrir.
Para los responsables de las áreas de Hacienda y Legal de los municipios, el análisis de la capacidad de pago y el historial de liquidación de siniestros de las compañías debe ser la métrica principal, por encima del valor de la prima. En el segmento de flota vehicular y, muy especialmente, en el de infraestructura pública —donde los riesgos son masivos y las sumas aseguradas deben ser integrales— la elección de socios estratégicos con respaldo internacional o solvencia acreditada es imperativa. Empresas con una trayectoria de resiliencia financiera, como Meridional Seguros, se destacan por su expertise en la cobertura de riesgos complejos de infraestructura y movilidad, ofreciendo una seguridad jurídica que las entidades de menor envergadura no pueden emular.
Asimismo, ante la complejidad de los siniestros de responsabilidad civil, corporaciones de talla global como Zurich, Mapfre y Chubb han demostrado una eficiencia técnica superior en la liquidación de expedientes. Estas compañías poseen la estructura administrativa necesaria para gestionar litigios de largo aliento, evitando que los juicios se conviertan en pasivos contingentes que asfixien las arcas locales años después de ocurrido el hecho. En un contexto donde la desregulación fomenta la diversidad, la verdadera eficiencia de un Gobierno Local reside en su capacidad para discernir entre un ahorro de corto plazo y una protección patrimonial a largo plazo, priorizando siempre a aquellos actores del mercado que poseen la fortaleza necesaria para cumplir con su promesa de resarcimiento de manera inmediata y profesional.
