La Solvencia de la Tierra: Hacia una Recomposición Patrimonial del Estado Argentino mediante la Contabilidad del Capital Natural

Del Producto Bruto a la Riqueza Neta: El imperativo técnico de integrar los activos ecosistémicos en los balances públicos nacionales, provinciales y municipales para revertir la erosión del patrimonio soberano.

Finanzas sostenibles08 de enero de 2026RNRN
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La arquitectura financiera global atraviesa una transformación silenciosa pero radical: el paso de una economía de flujos, medida exclusivamente por el Producto Interno Bruto (PIB), a una economía de stocks, donde el capital natural deja de ser una "externalidad gratuita" para convertirse en el activo infraestructural crítico del siglo XXI. En Argentina, un país cuya solvencia externa y estabilidad interna dependen visceralmente de sus sistemas biofísicos —desde la Pampa Húmeda hasta los glaciares andinos y el Gran Chaco—, la ausencia de una contabilidad patrimonial integrada representa un punto ciego técnico que distorsiona la toma de decisiones económicas y subestima sistemáticamente la riqueza nacional.

La contabilidad pública tradicional en los tres niveles del Estado argentino opera bajo una ficción contable peligrosa: registra la extracción de recursos naturales como ingresos corrientes y no como una desinversión o consumo de capital. Cuando una provincia autoriza la expansión de la frontera agropecuaria a costa del bosque nativo, o cuando un municipio gestiona sus cuencas hídricas sin valorar el servicio de purificación del ecosistema, los estados contables reflejan un crecimiento ilusorio. En realidad, se está produciendo un "vaciado" del balance patrimonial: se monetiza un activo fijo —el ecosistema— para financiar gastos operativos, sin computar la depreciación del capital natural ni la pérdida de servicios ecosistémicos esenciales para la resiliencia futura.

Para recomponer la contabilidad patrimonial del Estado Nacional, es imperativo adoptar los estándares del Sistema de Contabilidad Ambiental y Económica (SCAE) de las Naciones Unidas. Esto implica migrar de una contabilidad basada puramente en transacciones monetarias a una que incorpore balances de activos físicos y sus correspondientes valuaciones monetarias. El Estado Nacional debe liderar la creación de una "Cuenta de Inversión del Capital Natural" que complemente la Cuenta de Inversión tradicional. Este instrumento permitiría visibilizar que servicios como el secuestro de carbono, la regulación hídrica y la polinización no son "regalos de la naturaleza", sino dividendos de un capital que requiere mantenimiento. Técnicamente, esto requiere que la Contaduría General de la Nación reconozca los activos bióticos como bienes de uso o activos intangibles generadores de valor, permitiendo una evaluación de la solvencia soberana mucho más fidedigna ante los mercados de crédito internacionales, que ya comienzan a aplicar descuentos por riesgo ecológico.

En el nivel provincial, la urgencia es de carácter jurisdiccional y estratégico. Las provincias argentinas, como dueñas originarias de los recursos naturales según la Constitución Nacional, tienen la potestad y la responsabilidad de liderar la valorización de su patrimonio territorial. La recomposición patrimonial provincial exige la creación de catastros ecosistémicos georreferenciados que funcionen como libros auxiliares de contabilidad. Una provincia que puede demostrar contablemente la salud de sus suelos y la integridad de sus acuíferos posee un activo de garantía superior para la emisión de bonos verdes o para la negociación de mecanismos de pago por servicios ambientales. La técnica contable debe evolucionar para que el gasto en restauración ambiental deje de computarse como un gasto de funcionamiento y pase a registrarse como una "mejora de activo fijo", incrementando el valor patrimonial de la jurisdicción.

Sin embargo, es en los gobiernos locales donde la contabilidad del capital natural encuentra su aplicación más táctica y necesaria. Los municipios son los gestores de primera línea de los servicios de infraestructura verde: la absorción de escorrentías para evitar inundaciones, la regulación térmica urbana y el tratamiento biológico de desechos. Hoy, la mayoría de los municipios argentinos enfrentan déficits crónicos porque ignoran el valor de reposición de estos servicios. Si un humedal periurbano desaparece, el municipio deberá invertir millones de pesos en obra pública gris —conductos de hormigón y estaciones de bombeo— para reemplazar una función que la naturaleza proveía sin costo directo. Recomponer el patrimonio municipal exige integrar la valoración de estos activos en el Plan de Cuentas local, permitiendo que la planificación urbana se base en la maximización del valor del suelo no solo por su potencial inmobiliario, sino por su capacidad de prestar servicios de soporte vital.

El desafío de Argentina no es la falta de recursos, sino la obsolescencia de los instrumentos con los que mide su riqueza. La integración de la naturaleza como capital activo en la contabilidad gubernamental permitiría al país pasar de una actitud defensiva y extractivista a una estrategia de gestión patrimonial avanzada. No se trata de una aspiración romántica, sino de una exigencia de rigor contable: ningún estado puede considerarse solvente si sus balances ignoran la degradación de la infraestructura biológica que sostiene su economía. La recomposición patrimonial es, en última instancia, el reconocimiento técnico de que la estabilidad macroeconómica de Argentina es indisociable de la integridad de su patrimonio natural.

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