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El paradigma del cambio climático ha dejado de ser una cuestión puramente ambiental para transformarse en el eje gravitacional de la seguridad nacional. Siguiendo la visión planteada por Steven W. Pearce en illuminem, el mundo ha ingresado en una era donde el estrés ecológico no solo multiplica las amenazas existentes, sino que se convierte en el motor principal de la inestabilidad global. Al aplicar esta lógica al eje geopolítico conformado por Argentina, Paraguay y Brasil, emerge un escenario de vulnerabilidad estratégica donde la lucha ya no se libra por ideologías, sino por el control de los sistemas fundamentales para la supervivencia humana.
En esta nueva geografía del poder, el agua dulce se posiciona como el objetivo estratégico supremo, desplazando a la expansión territorial clásica. El Acuífero Guaraní y la Cuenca del Plata se perfilan como los principales puntos de fricción en la región. Con sequías cada vez más persistentes, el agua deja de ser un recurso compartido para transformarse en una herramienta de presión política. Brasil, al controlar las cabeceras y las grandes represas hidroeléctricas, posee una capacidad de influencia sin precedentes sobre la estabilidad de Paraguay y Argentina. Bajo la lógica de la militarización climática, la infraestructura hídrica podría ser percibida en el futuro como un objetivo militar o un arma de negociación, obligando a los países río abajo a replantear sus doctrinas de defensa ante el riesgo de un estrangulamiento de sus recursos vitales.
Esta tensión se extiende inevitablemente a la seguridad alimentaria y la estabilidad económica. La histórica imagen de la región como el "granero del mundo" se enfrenta hoy a la realidad de la degradación del suelo y la desertificación. Si la habitabilidad de las zonas rurales se pierde por eventos climáticos extremos, el resultado no será solo una crisis de exportaciones, sino un fenómeno de desplazamientos forzados hacia centros urbanos ya saturados. Estos movimientos migratorios internos crean periferias de inestabilidad donde el Estado pierde el control, dando lugar a conflictos por el uso de la tierra entre comunidades locales y actores corporativos que buscan asegurar las pocas hectáreas que aún conservan riego y fertilidad.
Por otro lado, la respuesta estatal a estos desafíos está forzando a las fuerzas armadas a asumir roles para los cuales no fueron diseñadas. En Brasil, la gestión ambiental de la Amazonía ha experimentado una militarización creciente, una tendencia que podría replicarse en el Gran Chaco compartido por Argentina y Paraguay ante el avance de la deforestación y los incendios forestales. El peligro reside en que, como advierte Pearce, la intervención militar suele estabilizar los síntomas pero ignora las causas. Al asignar misiones de vigilancia ambiental al ejército, se corre el riesgo de criminalizar a poblaciones vulnerables y generar ciclos de violencia entre el Estado y los ciudadanos cuya subsistencia depende de ecosistemas en colapso.
Finalmente, esta realidad diluye la distinción tradicional entre tiempos de guerra y paz. En el Cono Sur, las disputas por caudales de ríos o fronteras climáticas no se resuelven con tratados definitivos, ya que no existe diplomacia que pueda restaurar un clima alterado. Nos enfrentamos a una condición de inestabilidad persistente, caracterizada por fricciones fronterizas crónicas y una soberanía bajo presión constante. El caso de Paraguay, cuya economía y energía dependen críticamente de la estabilidad ambiental de sus vecinos, ilustra la vulnerabilidad existencial en este nuevo orden. En última instancia, el poder militar puede contener el caos de forma temporal, pero no puede regenerar la tierra. La verdadera seguridad nacional en el siglo XXI no se medirá por la fuerza de las armas, sino por la capacidad de estos tres países para construir una gobernanza climática transnacional que proteja sus recursos como activos de supervivencia colectiva.
