El Vacío Legal sobre Ruedas: Hacia la Obligatoriedad del Seguro de Responsabilidad Civil Ciclista en Grandes Urbes

La fisonomía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha experimentado una transformación irreversible en la última década, consolidando a la bicicleta no solo como un medio de transporte sustentable, sino como el motor principal de la logística urbana de última milla. Sin embargo, este avance en la movilidad no ha sido acompañado por una evolución simétrica en el marco normativo de seguridad y previsión. La proliferación de ciclistas en un entorno de alta densidad poblacional ha generado un incremento crítico en la siniestralidad vial, exponiendo una vulnerabilidad jurídica alarmante: la ausencia de un seguro de responsabilidad civil obligatorio que proteja tanto al conductor del ciclo como, fundamentalmente, al transeúnte.

La estadística siniestral en el ámbito metropolitano revela una realidad inobjetable. Los incidentes que involucran a ciclistas y peatones han dejado de ser eventos aislados para convertirse en una constante en las guardias hospitalarias y en los juzgados civiles. A diferencia de los vehículos motorizados, que bajo la Ley Nacional de Tránsito deben contar con una cobertura mínima frente a terceros, la bicicleta opera en un limbo de "autorregulación" que, ante un siniestro, deriva en la insolvencia del causante y el total desamparo de la víctima. El peatón, eslabón más débil de la cadena urbana, queda sujeto a la voluntad patrimonial del ciclista para obtener resarcimiento ante lesiones que, en contextos de velocidad y falta de pericia, suelen ser de gravedad considerable.

El escenario se torna particularmente crítico al analizar el sector de la mensajería y el delivery. Datos sectoriales indican que el 79% de los accidentes viales con participación de bicicletas involucran a repartidores de plataformas digitales. Esta cifra no es casual; responde a la precariedad de las condiciones laborales y a la presión por los tiempos de entrega, factores que incrementan la asunción de riesgos en la vía pública. En este esquema, las empresas contratantes han perfeccionado mecanismos de deslinde de responsabilidad, trasladando la carga del riesgo operativo íntegramente al trabajador. La obligatoriedad de un seguro de responsabilidad civil para quienes ejercen el oficio de cadete no es solo una medida de seguridad vial, sino un imperativo de justicia social y laboral.

La implementación de esta póliza obligatoria permitiría profesionalizar la actividad del reparto y garantizar que el riesgo creado por una actividad comercial sea debidamente internalizado por el sistema de seguros. No se trata únicamente de una carga impositiva adicional, sino de un requisito vital para el desarrollo de una actividad que ocupa intensivamente el espacio público. Sin un seguro que respalde el accionar del cadete, el costo de los accidentes termina siendo absorbido por el sistema de salud pública o por el patrimonio personal del damnificado, mientras las plataformas continúan operando sin contingencias legales directas.

En conclusión, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los grandes centros urbanos del país requieren una actualización urgente de su código de tránsito que contemple la complejidad técnica del tráfico actual. La obligatoriedad del seguro de responsabilidad civil para ciclistas es la herramienta jurídica necesaria para equilibrar la balanza de derechos en la calle. Esta medida permitiría transitar hacia un modelo de movilidad donde la sustentabilidad no se logre a expensas de la seguridad jurídica y la integridad física de los ciudadanos, forzando a todos los actores, incluidos los corporativos, a hacerse cargo del impacto de su circulación en el tejido urbano.