Modernización fitosanitaria en Argentina: El nuevo paradigma del Renfo para la optimización del comercio agrícola

En un movimiento estratégico para fortalecer la competitividad del sector agroindustrial, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) formalizó la actualización integral del Registro Nacional Fitosanitario de Operadores de Material de Propagación, Micropropagación y/o Multiplicación Vegetal (Renfo). Mediante la publicación de la Resolución 64 en el Boletín Oficial, el organismo establece un nuevo estándar operativo que prioriza la eficiencia administrativa y el rigor técnico, sustituyendo normativas previas para adaptarse a las exigencias del comercio moderno.

​Esta reforma no solo representa un cambio de nomenclatura, sino una transformación profunda en la gestión fitosanitaria nacional. El eje central de la nueva normativa es la implementación de un enfoque basado en el análisis de riesgo, lo que permite al Estado planificar acciones sanitarias con mayor precisión y asignar recursos allí donde la vigilancia es más crítica. Al clasificar a los operadores según su nivel de impacto fitosanitario, el Senasa logra establecer obligaciones proporcionales, eliminando cargas innecesarias para los sectores de menor riesgo y profundizando el control en los eslabones clave de la cadena productiva.

​Uno de los avances más significativos de esta actualización es la digitalización total de los procesos de inscripción y actualización de datos. A través de la integración en plataformas oficiales, se reduce drásticamente la presencialidad y la duplicidad de trámites, otorgando a los operadores una previsibilidad jurídica y administrativa sin precedentes. Esta agilidad se complementa con una revisión de la vigencia de los registros, ajustándolos de manera específica a la actividad realizada, lo que facilita el cumplimiento normativo para los productores de material de propagación.

​Asimismo, la normativa introduce una redefinición técnica sobre la figura del Responsable Técnico. A partir de ahora, su obligatoriedad queda circunscrita exclusivamente a los productores de especies priorizadas, asegurando que el conocimiento especializado se aplique donde es técnicamente indispensable para garantizar la sanidad vegetal. Al ordenar los requisitos fitosanitarios por grupos de especies, la norma elimina zonas grises y brinda una estructura de fiscalización mucho más clara y eficiente.

​Con esta medida, Argentina se alinea con los estándares técnicos internacionales, promoviendo una gestión transparente y dinámica. La simplificación de los trámites fitosanitarios no solo alivia la estructura de costos administrativos de los operadores, sino que consolida al país como un proveedor confiable de materiales vegetales, garantizando que el crecimiento productivo esté siempre respaldado por una sanidad de excelencia.