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La comercialización de activos inmobiliarios en Argentina ha mutado hacia un esquema de red que, bajo una pátina de modernidad corporativa y eficiencia comercial, oculta una estructura de riesgos jurídicos y económicos de dimensiones críticas tanto para el prestador del servicio como para el usuario final. Este modelo, fundamentado en la figura del "agente inmobiliario" o "colaborador" —sujetos que carecen de matrícula profesional y operan bajo el paraguas de un corredor habilitado—, genera una desnaturalización del contrato de corretaje establecido en el Código Civil y Comercial de la Nación y la Ley 20.266. El riesgo jurídico primario radica en la delegación indebida de funciones propias. El corretaje es una profesión de ejercicio personal e indelegable; cuando la captación, tasación y negociación quedan en manos de personal no calificado ni colegiado, se produce una ruptura en la cadena de responsabilidad. Para la empresa o franquicia, este esquema representa una contingencia de fraude laboral latente, ya que la justicia argentina ha comenzado a perforar el velo del monotributismo para declarar la existencia de relaciones de dependencia encubiertas, lo que conlleva pasivos contingentes que pueden comprometer la solvencia operativa de la oficina local ante reclamos sistémicos.
Desde la perspectiva del usuario, el riesgo se desplaza hacia la vulnerabilidad de la seguridad jurídica y la exposición patrimonial. Al interactuar con intermediarios que no poseen responsabilidad disciplinaria ante los colegios profesionales, el cliente queda desprovisto de las garantías de fianza y control ético que el sistema registral exige. La falta de formación técnica de estos "vendedores" aumenta exponencialmente la probabilidad de vicios en la información: tasaciones subjetivas destinadas al cierre rápido de la operación en lugar de la protección del valor real, omisión de gravámenes o inhibiciones en la etapa de reserva, y la redacción de instrumentos privados sin el rigor legal necesario para garantizar la transferencia de dominio. El modelo de red, al priorizar el volumen de captación sobre la profundidad del análisis registral, crea un entorno fértil para el fraude por desplazamiento de fondos. Sin el control directo de un profesional matriculado en cada etapa, las sumas entregadas en concepto de reserva o seña quedan en un limbo administrativo donde la trazabilidad se pierde entre el "agente" y la estructura de marca, dejando al consumidor en una asimetría informativa total.
Finalmente, el riesgo económico se extiende a la exclusión del régimen de prevención de lavado de activos. Los agentes independientes no son sujetos obligados ante la Unidad de Información Financiera (UIF), lo que genera una brecha en los protocolos de "Conozca a su Cliente" (KYC). Esta opacidad operativa no solo pone en riesgo a la empresa ante sanciones administrativas gravísimas, sino que puede arrastrar a los usuarios de buena fe hacia investigaciones penales por operaciones sospechosas no reportadas adecuadamente. El costo oculto de este sistema es la precariedad: se ofrece una marca global pero se entrega un servicio atomizado y sin respaldo solidario efectivo, donde la "independencia" del agente funciona como un blindaje de la empresa para eludir responsabilidades, pero actúa como una trampa de inseguridad para quien deposita los ahorros de una vida en una operación inmobiliaria sin el debido proceso técnico-legal.
