El dilema de la luz en la tierra del sol: el ambicioso giro estratégico de Mendoza ante el apagón estructural argentino

MENDOZA — En una Argentina que arrastra una pesada década y media de parálisis económica y cuyo entramado de servicios básicos exhibe las cicatrices del abandono estructural, el debate sobre el futuro energético ha dejado de ser una simple tertulia técnica para convertirse en una cuestión de pura supervivencia económica. Las decisiones de infraestructura, habitualmente sepultadas bajo el polvo de los escritorios burocráticos, han vuelto al centro del escenario político. En este contexto, Mendoza intenta perfilarse no solo como una provincia autárquica en sus proyecciones, sino como el motor de una transformación regional que busca anticiparse a un nuevo esquema que redefinirá cómo se compra, vende y distribuye la electricidad en el Cono Sur.

La reciente apertura de las Jornadas Regionales sobre Contractualización de la Demanda, Mercado a Término y Transición Energética, celebradas en la capital mendocina, funcionó como el catalizador de esta postura. Allí, ante un auditorio que congregó a los principales reguladores, académicos y delegaciones de Chile y Uruguay, el gobernador Alfredo Cornejo expuso una premisa cruda sobre la realidad del país: las deficiencias de infraestructura eléctrica acumuladas durante quince años no se corrigen con parches discursivos ni milagros de la noche a mañana. Su diagnóstico dejó en claro que la provincia ha decidido alterar las prioridades fiscales tradicionales, volcando fondos públicos hacia el tendido de líneas de alta tensión, obras críticas cuya rentabilidad política suele ser invisible en el corto plazo, pero cuyo valor estratégico define el destino industrial de las próximas décadas.

El giro de Mendoza cobra sentido bajo el nuevo ecosistema normativo nacional, fuertemente marcado por la progresiva implementación de la Resolución 400/2025 de la Secretaría de Energía de la Nación. Esta normativa empuja un cambio de paradigma hacia la contractualización directa de la demanda, obligando a las distribuidoras eléctricas a redefinir sus estrategias de abastecimiento y a gestionar sus propios riesgos en un mercado a término cada vez más competitivo. Frente a este escenario de desregulación y de transición obligada, la administración mendocina argumenta que el Estado no puede replegarse por completo. Si bien el objetivo ideal apunta a que el sector privado asuma el grueso de las inversiones de capital, el gobierno provincial sostiene que, en la actual etapa de transición, el esfuerzo público inicial es el único dinamizador capaz de pavimentar el camino para el desarrollo del petróleo, el gas y los incipientes proyectos de minería sustentable en la región.

Esta visión, compartida en el plano técnico por la ministra de Energía y Ambiente local, Jimena Latorre, y por las autoridades de los entes reguladores de Mendoza y San Juan, Cristian Azar y Roberto Ferrero, plantea que la salida del laberinto energético exige sepultar definitivamente los localismos. La naturaleza interconectada del sistema eléctrico moderno hace inviable cualquier intento de planificación insular; las provincias del Nuevo Cuyo entienden que la tecnología, la diversificación de la matriz hacia fuentes renovables y la gestión de la demanda requieren un marco regulatorio armónico que ofrezca certezas a largo plazo a los inversores privados. De lo contrario, los esfuerzos por fomentar la generación distribuida —donde Mendoza busca revalidar un rol pionero de años anteriores— o por tentar a grandes consumidores industriales naufragarán en la incertidumbre macroeconómica crónica que caracteriza al país.

El encuentro regional deja una certeza que trasciende las fronteras mendocinas. En momentos donde el debate público nacional suele enredarse en la inmediatez de las variables financieras, la discusión de fondo en el Sheraton Mendoza se centró en las bases reales que sostienen la productividad: los cables, las estaciones transformadoras y los contratos a largo plazo. Al asumir el costo político y financiero de soterrar recursos en infraestructura eléctrica base, Mendoza intenta enviar una señal clara al mercado y a sus pares provinciales. La transición hacia una matriz energética limpia, previsible y sostenible ya no es una opción de vanguardia ambientalista, sino la condición indispensable para que el aparato productivo argentino vuelva a encender sus motores tras un largo período de oscuridad operativa.