
El Atlántico Sur y el Sector Antártico Argentino, delimitado entre los meridianos 25° y 74° Oeste y al sur del paralelo 60° Sur, representan un territorio de más de 1,7 millones de kilómetros cuadrados de plataforma continental de trascendencia ecológica, climática y geopolítica central. Mientras la atención pública suele centrarse en las disputas territoriales o en la presión pesquera en la Milla 201, la verdadera dimensión de este espacio radica en su rol como regulador térmico del planeta y en los complejos desafíos que plantea su preservación.
La urgencia de proteger los ecosistemas marinos fue expuesta por Karen Sack, Directora Ejecutiva de la Ocean Risk and Resilience Action Alliance (ORRAA), durante su exposición ante los Principios para la Inversión Responsable celebrada en Ámsterdam. La especialista advirtió que la masa oceánica no debe concebirse como un sector aislado ni como una nota al pie en los informes de sustentabilidad, sino como la infraestructura vital que sostiene la estabilidad económica y biológica global. Los océanos absorben más del 90 % del exceso de calor térmico generado por la actividad humana y cerca de un tercio de las emisiones de carbono, un amortiguamiento natural que ha llevado la acidificación marina a sus niveles más altos en 26.000 años.
En las aguas subantárticas y en la plataforma continental argentina, esta alteración química amenaza la supervivencia del krill, eslabón fundamental de la cadena trófica que sostiene a ballenas, pingüinos y pesquerías de alto valor comercial. La degradación de estos ecosistemas compromete la biodiversidad marina e incide directamente en la seguridad alimentaria mundial y en la estabilidad de las cadenas de suministro.
Sin embargo, abordar la conservación de esta región exige trazar una distinción analítica clara entre los instrumentos del mercado financiero y las responsabilidades indelegables del Estado nacional. Propuestas globales como los bonos azules, las garantías paramétricas y la financiación mixta (blended finance) —promovidas por organismos multilaterales e inversores privados para capitalizar la resiliencia marina— constituyen herramientas complementarias para el desarrollo sostenible. No obstante, la custodia efectiva de la plataforma continental y del sector antártico reclamado no puede condicionarse a esquemas de retorno financiero ni a la lógica del capital privado.
El control soberano de los mares, el combate contra la pesca ilegal no declarada y no reglamentada, la presencia de las fuerzas de seguridad y el sostén ininterrumpido de la investigación científica en las bases antárticas constituyen bienes públicos esenciales. La protección ambiental y la defensa territorial de este espacio representan un imperativo de seguridad nacional que requiere inversión estatal prioritaria y una diplomacia activa en el marco del Tratado Antártico.
Argentina se encuentra ante la oportunidad estratégica de consolidar un modelo de gobernanza marina integral en el Atlántico Sur. Este enfoque debe articular la rigurosidad científica, la firmeza en la defensa de sus derechos soberanos sobre la plataforma continental y la capacidad de articular cooperación internacional, asegurando que la preservación de este pulmón austral responda, en primer lugar, a una política de Estado de largo plazo.




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