La encrucijada de Portezuelo Grande: entre la urgencia de Vaca Muerta, el fallo de la Corte y el fantasma del incumplimiento federal

Una obra estratégica bajo la sombra del mandamiento judicial

El complejo hídrico Cerros Colorados sumó un hito administrativo con la firma del convenio marco entre el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, y el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo. El acuerdo proyecta la construcción del Canal Aliviador de Vaca Muerta, un conducto a cielo abierto de 1.620 metros sobre la margen derecha de la presa Portezuelo Grande, diseñado para evacuar caudales de emergencia de hasta 4.000 metros cúbicos por segundo ($4.000\text{ m}^3/\text{s}$) hacia el embalse Los Barreales.

La infraestructura apunta a mitigar el riesgo de colapso en el sistema aluvial que resguarda al Alto Valle y a la franja operativa del yacimiento Vaca Muerta —cuenca por la que circulan miles de millones de dólares en producción hidrocarburífera anual. Sin embargo, el anuncio no responde a una iniciativa espontánea del Ejecutivo central, sino al mandato imperativo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que tras casi dos décadas de expedientes paralizados emplazó al Estado a subsanar las vulnerabilidades de seguridad hídrica en la región.

Matriz de compromisos y asimetrías contractuales

Los nudos críticos: financiamiento, tiempos y asimetría

1. El antecedente del "cheque sin fondos" en la obra pública patagónica

El esquema de financiamiento no cuenta con una partida específica respaldada en la Ley de Presupuesto, sino que supedita los desembolsos a la futura ingeniería financiera de las concesiones hidroeléctricas del Comahue. La Patagonia acumula un historial severo de promesas inconclusas:

• Represa Chihuido I: Acumula más de 15 años de anuncios y sucesivas firmas de convenios sin concreción física.

• Ruta Nacional 22: Mantiene tramos neuquinos paralizados y subejecutados en los sucesivos ejercicios fiscales.

• Acueducto Cutral Co-Plaza Huincul: Paralizado tras giros discrecionales discontinuados desde Balcarce 50.

2. La brecha entre la urgencia aluvial y el inicio en 2027

A pesar de la retórica oficial que encuadra al proyecto como una "prioridad absoluta de seguridad nacional", el cronograma estipulado posterga el arranque de las máquinas hasta el segundo trimestre de 2027. En un escenario signado por la volatilidad climática y el incremento de eventos meteorológicos extremos en la vertiente cordillerana, posponer más de seis meses el inicio de las obras mantiene expuestas a las comunidades locales y a los activos clave del yacimiento.

3. Asimetría operativa: la provincia desembolsa primero

El convenio exige a Neuquén la asignación e inversión inmediata de recursos provinciales para completar la ingeniería ambiental, los catastros y los permisos hídricos. En contraparte, Nación retiene la potestad exclusiva sobre los tiempos del pliego licitatorio. Si el proceso se dilata en la burocracia ministerial porteña, Neuquén habrá consumido presupuesto propio sin garantías de ver concretado el canal.

Evaluaciones técnicas e instancias socioambientales

En el plano hidro-técnico, dictámenes de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) señalan que la capacidad teórica de evacuación de $4.000\text{ m}^3/\text{s}$ requiere una reevaluación urgente frente a las nuevas modelaciones de crecidas severas del río Neuquén. Los registros históricos del sistema Cerros Colorados demuestran que las crecidas extraordinarias tensionan al límite el vaso de Portezuelo Grande, exigiendo respuestas estructurales inmediatas más allá de las metas administrativas diferidas.

A la par de las dudas de ingeniería, organizaciones socioambientales del Comahue han comenzado a exigir la apertura formal de audiencias públicas y de instancias de participación ciudadana previas a la licitación de 2027, reclamando que la evaluación de impacto ambiental no sea tratada como un trámite formal de aprobación automática.

El destino del convenio en Portezuelo Grande no se medirá por la relevancia de las firmas en los despachos oficiales, sino por la efectivización de las partidas financieras y el cumplimiento de los plazos licitatorios que eviten añadir un nuevo capítulo a la historia de las promesas diferidas en el federalismo argentino.