Asfixia fiscal porteña: CABA debe imitar a Nación, suspender cautelares por Ingresos Brutos y ordenar la deuda de PyMEs y monotributistas

El anuncio del Ministerio de Economía de la Nación y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) de suspender las ejecuciones fiscales y los embargos bancarios a PyMEs y monotributistas hasta mayo de 2027 representa una tregua financiera indispensable. Sin embargo, este aliviadero nacional pierde eficacia cuando choca contra el paredón tributario de las jurisdicciones subnacionales, encabezadas por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En el distrito porteño, la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) mantiene un esquema punitivo de recaudación sobre el Impuesto sobre los Ingresos Brutos (IIBB), tributo que representa cerca del 75% al 80% de los recursos tributarios propios de la CABA. De acuerdo con datos del sector mercantil (como la Federación Comercial del Ciudad de Buenos Aires - FECOBA), las PyMEs y los prestadores de servicios independientes destinan hoy hasta un 35% de sus ingresos operativos brutos a saldar obligaciones fiscales locales y nacionales, operando en márgenes de rentabilidad mínimos o nulos.

La trampa de la liquidez y la asimetría tributaria

La paradoja es tan evidente como crítica: un comerciante o profesional porteño obtiene la prórroga de sus deudas impositivas nacionales, pero sufre la traba inmediata de sus cuentas bancarias por fallos de ejecución promovidos por la AGIP.

En la práctica, un embargo cautelar sobre cuentas corrientes bloquea de forma automática la masa salarial, el pago a proveedores estratégicos y el cumplimiento de alquileres. Lejos de instar al pago, la traba judicial empuja a unidades productivas viables hacia la informalidad forzada o el cese definitivo de actividades.

Tres instrumentos normativos para ordenar la caja productiva

Para evitar el desplome de contribuyentes cumplen pero atraviesan ahogos temporales de liquidez —y sin desarticular el equilibrio presupuestario porteño—, la Legislatura y la AGIP deben articular un esquema tripartito:

1. Suspensión temporal de ejecuciones y medidas cautelares (Vía Disposición AGIP): Suspender los embargos bancarios por deudas de IIBB a micro, pequeñas empresas y monotributistas inscriptos en el Registro MiPyME local. Esta medida no perdona el capital adeudado, pero detiene la paralización operativa del contribuyente.

2. Diferenciación técnica entre Moratoria Ley y Plan de Facilidades (Vía Legislatura y AGIP):

   • Plan de Facilidades de Pago (AGIP): Habilitar un régimen extraordinario de refinanciación de hasta 36 cuotas para deudas corrientes de IIBB, con tasas de interés acordes a la inflación y sin exigencia de anticipos confiscatorios.

   • Moratoria General por Ley (Legislatura CABA): Tramitar un proyecto legislativo que condone multas y libere de intereses resarcitorios acumulados a los sectores productivos golpeados, formalizando una salida genuina para el stock de deuda consolidado.

3. Revisión del SIRCREB y devolución de saldos a favor: Normar techos y suspensiones temporales a las retenciones bancarias automáticas que generan acumulación inmovilizada de Saldos a Favor (SAF) en la AGIP, devolviendo liquidez directa al capital de trabajo.

Preservar la base imponible del mañana

La resistencia a otorgar prórrogas suele ampararse en el peligro del riesgo moral (el desincentivo al pago de quienes cumplen en tiempo y forma). No obstante, la coyuntura actual requiere distinguir entre el moroso contumaz y la unidad productiva ahogada por la caída de ventas.

Preservar a las PyMEs y monotributistas mediante la suspensión de ejecuciones y una moratoria ordenada no es una concesión fiscal: es una estrategia de supervivencia tributaria. Si la AGIP quiebra hoy a sus contribuyentes con ejecuciones preventivas, mañana la Ciudad se quedará sin la base imponible que sostiene sus ingresos.