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Comunidades Seguras22 de diciembre de 2025
RN
Resistencia, Chaco. Cada vez que las precipitaciones superan la capacidad de escurrimiento en el área metropolitana, el sistema de saneamiento entra en una fase de crisis que trasciende lo ambiental para convertirse en un severo problema financiero. La topografía de la capital chaqueña y sus municipios aledaños, caracterizada por ser una hondonada con suelos de baja filtración, transforma cada evento climático extremo en un desafío estructural que golpea tanto las arcas públicas como el bolsillo de los ciudadanos.
​El servicio de saneamiento es el primero en sufrir las consecuencias directas del anegamiento. Cuando el agua de lluvia invade el casco urbano, se produce una saturación inmediata de la red cloacal, impulsada en gran medida por las conexiones clandestinas de desagües pluviales al sistema sanitario. Este exceso de volumen provoca que las tuberías expulsen aguas servidas dentro de los domicilios y en la vía pública, generando un riesgo sanitario inmediato. A este panorama se suma la vulnerabilidad de las plantas de bombeo, que a menudo deben ser desactivadas por seguridad eléctrica o quedan inoperativas por el avance del agua, dejando a barrios enteros sin servicio y provocando la contaminación de las napas freáticas en las zonas periféricas que dependen de pozos absorbentes.
​Desde la perspectiva del sector público, el costo financiero representa una carga asfixiante. Las empresas estatales y organismos de gestión hídrica se enfrentan a gastos extraordinarios por reparaciones de emergencia, que incluyen el recambio de maquinaria electromecánica dañada y la desobstrucción de colectores colapsados por sedimentos. Estos costos no planificados suelen obligar a desviar fondos destinados a la expansión de la red para atender la urgencia. Además, la paralización de obras estratégicas debido a las inclemencias climáticas conlleva redeterminaciones de precios y actualizaciones contractuales que encarecen los proyectos originales de manera significativa, profundizando el déficit operativo del sector.
​El ámbito privado no queda exento de esta sangría económica. Las familias y comercios del Gran Resistencia asumen un costo silencioso pero constante, que abarca desde la reparación de instalaciones internas dañadas por el reflujo de cloacas hasta la inversión en sistemas de defensa propios, como muros y bombas de achique. La desvalorización de los activos inmobiliarios en las zonas más afectadas y la pérdida de productividad por enfermedades de origen hídrico completan un cuadro donde la falta de infraestructura eficiente funciona como un impuesto indirecto a la población.
​En última instancia, el recurrente escenario de inundaciones pone de manifiesto que el costo de la inacción supera con creces el de la inversión planificada. Mientras la región continúe atrapada en la logística de la emergencia, los recursos seguirán diluyéndose en reparaciones temporales en lugar de consolidar un sistema de saneamiento resiliente capaz de sostener el crecimiento de la metrópoli.

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