RNLa actual configuración del entramado vial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha alcanzado un punto de inflexión donde la planificación urbana, bajo el pretexto de la movilidad sustentable, ha colisionado de manera disruptiva con los principios fundamentales de la seguridad vial y la fluidez del tránsito. La proliferación de ciclovías de doble carril segregadas en arterias de alta densidad vehicular no solo ha reducido drásticamente la sección transversal útil para el transporte motorizado y de emergencias, sino que ha introducido vectores de riesgo geométrico en las intersecciones. Estas estructuras bidireccionales fuerzan una carga cognitiva adicional en el conductor y el peatón, quienes, habituados a la lógica unidireccional del flujo de tránsito, omiten verificar el sentido inverso en el momento del giro o cruce, derivando en colisiones de alta energía que el sistema de salud pública debe internalizar como costos operativos evitables.
Desde una perspectiva técnico-legal, la estructura actual padece de una asimetría regulatoria alarmante. Mientras que el resto de los actores del ecosistema vial están sujetos a rigurosos controles de aptitud y a la obligatoriedad de un seguro de responsabilidad civil, el ciclista mayor de 16 años opera bajo un régimen de cuasi-impunidad civil. Esta falta de cobertura patrimonial obligatoria genera un vacío jurídico en la reparación de daños. Ante un siniestro provocado por el incumplimiento de las normas de tránsito por parte de un ciclista —tales como la circulación en sentido contrario, el cruce de semáforos en rojo o la falta de señalización de maniobras—, la víctima queda desprotegida, y el Estado termina subsidiando la irresponsabilidad individual mediante la atención hospitalaria de traumatismos complejos derivados de una infraestructura que, por diseño, propicia el conflicto.
Resulta imperativo proceder a una reforma profunda de la Ley de Tránsito que no solo revalúe la viabilidad técnica de las ciclovías en avenidas troncales, sino que imponga el seguro de responsabilidad civil obligatorio para ciclistas adultos. El principio de "quien genera el riesgo, debe garantizar la reparación" debe aplicarse sin concesiones para evitar que el sistema de salud siga drenando recursos en accidentes absurdos generados por la omisión normativa. La transición hacia una ciudad resiliente no puede cimentarse sobre la degradación de la seguridad jurídica y la integridad física de sus ciudadanos; se requiere una armonización técnica donde la bicicleta deje de ser un actor marginal exento de deberes y se convierta en un sujeto de derecho plenamente responsable de su interacción en la vía pública.
