El límite de los protocolos: por qué los municipios argentinos fallan cuando la emergencia supera al manual
A las cuatro de la madrugada, cuando las ráfagas superan los 140 kilómetros por hora y el tendido eléctrico colapsa por completo, cualquier plan de contingencia guardado en una computadora apagada pierde utilidad inmediata. Sin telefonía móvil, con los accesos bloqueados por árboles caídos y las antenas de radio fuera de servicio, los equipos municipales de primera respuesta enfrentan el verdadero examen de la gestión del riesgo: decidir cuando el terreno deja atrás al papel.
Esa escena dejó de ser hipotética en la Argentina. Durante el temporal que azotó Bahía Blanca en diciembre de 2023, la caída simultánea de la red eléctrica y de las telecomunicaciones dejó incomunicados a los centros operativos durante las primeras horas críticas. Sin los canales radiales ni digitales previstos en el guion, los mandos locales debieron reconfigurar a pie y en tiempo real la cadena de mando, reasignar cuadrillas aisladas y improvisar puntos de enlace para rescatar vecinos atrapados. Una dinámica similar se repite frente a las crecidas repentinas en la cuenca del Litoral, los incendios de interfase en la Comarca Andina o los siniestros con sustancias peligrosas sobre la Ruta Nacional 9 y el polo petroquímico de Dock Sud.
A una década de la sanción de la Ley 27.287 —que en 2016 instituyó el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (SINAGIR)—, persiste una paradoja estructural en los más de 2.300 gobiernos locales del país. Aunque la adhesión formal a los marcos normativos creció y muchos distritos exhiben matrices de riesgo y ordenanzas aprobadas, las ejecuciones presupuestarias de las distintas jurisdicciones evidencian un desbalance crónico: la gran mayoría de los recursos públicos vinculados a emergencias sigue destinándose a la asistencia y reconstrucción posterior al evento, mientras que la inversión en prevención y equipamiento operativo permanece marginal.
La trampa del cumplimiento mecánico
En línea con el Marco de Sendai —el acuerdo global de la ONU para reducir el riesgo de desastres—, los procedimientos constituyen la columna vertebral de la respuesta. Ordenan el caos inicial, delimitan funciones entre Defensa Civil, bomberos, salud y obras públicas, y evitan decisiones contradictorias en los primeros minutos de una crisis. El problema surge cuando las administraciones locales operan en piloto automático y exigen cumplimiento literal a un guion que el evento ya desbordó.
Insistir en una maniobra prevista cuando las condiciones de seguridad mutaron —como sostener una vía de evacuación que acaba de anegarse o despachar cuadrillas hacia un sector incomunicado— multiplica el peligro. El procedimiento establece un punto de partida, pero solo el criterio técnico en tiempo real permite determinar si ese camino sigue siendo seguro.
Esta fragilidad se amplifica por la desigualdad estructural del federalismo argentino. Mientras los grandes centros urbanos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) o algunas capitales provinciales cuentan con centros de monitoreo multipropósito y guardias activas las 24 horas, en amplias zonas del interior las áreas municipales de Defensa Civil funcionan con estructuras mínimas, personal polivalente y recursos compartidos con los corralones viales. Muchos manuales locales están redactados sobre supuestos ideales —dotación completa, conectividad estable y refuerzo provincial inmediato— que dejan de existir a los pocos minutos de desatada una catástrofe.
Adaptación controlada frente a la urgencia política
Cuando la realidad supera la letra del manual, los mandos locales quedan atrapados entre dos extremos igualmente peligrosos: la parálisis burocrática de quienes temen apartarse de la norma escrita y la improvisación desordenada, muchas veces empujada por el apremio político.
En las emergencias municipales, la urgencia por mostrar presencia en el territorio o conseguir la "foto" de gestión suele chocar con los tiempos técnicos. Habilitar un centro de evacuación sin verificar el estado de su instalación eléctrica o movilizar maquinaria pesada sin una conducción unificada puede desencadenar una segunda emergencia dentro de la primera.
Frente a esa disyuntiva, los estándares actuales de gestión de crisis promueven la adaptación controlada, entendida como la capacidad de modificar una táctica sobre la marcha dentro de límites estrictos cuando el análisis demuestra que seguir el plan original dejó de ser seguro. Ese ajuste exige evaluar tres variables en simultáneo: qué parte del procedimiento sigue vigente, qué condiciones del entorno alteraron el nivel de riesgo y qué maniobra permite sostener el objetivo con los recursos reales disponibles en el terreno, no con los que figuraban en el inventario teórico.
La autoridad para modificar un plan no puede quedar librada al azar: si nadie tiene potestad para cambiar una orden, el municipio se paraliza; si todos alteran el rumbo por su cuenta, se rompe el sistema.
El calendario electoral contra el ciclo climático
A las restricciones presupuestarias se suma un factor crítico de la dinámica institucional argentina: la alta rotación de los equipos técnicos. Cada cuatro años, los recambios de gestión en las intendencias suelen desarmar los cuadros capacitados en protección civil, dejando los manuales archivados hasta la siguiente sudestada, un corte masivo de energía en pleno verano o el vuelco de un transporte de cargas peligrosas.
Esa vulnerabilidad se traslada al entrenamiento. En lugar de simulacros diseñados como coreografías previsibles bajo condiciones óptimas, preparar a un municipio para contingencias reales exige introducir fricción: ensayar con turnos reducidos, caída de redes celulares, rutas cortadas y dilemas operativos con información incompleta. Asimismo, la auditoría posterior sigue siendo una deuda estructural: cuando una cuadrilla sortea una crisis apartándose del guion por pericia individual, el episodio suele cerrarse con felicitaciones políticas y sin revisar por qué falló lo planificado.
Del diagnóstico a la obra: financiamiento y cooperación técnica
Para superar la falta de estructura propia, varios gobiernos locales comenzaron a apalancarse en esquemas de cooperación internacional y articulación público-privada que permiten traducir los planes preventivos en proyectos de infraestructura concretos, sin discriminar entre grandes ciudades y pequeñas comunas rurales. En esa línea trabaja el programa City Risk-70 del Foro de las Américas, conducido por Peter Sundheimer, en sintonía con mecanismos multilaterales como la Red de Santiago (Santiago Network) de Naciones Unidas, que cataliza asistencia técnica especializada para desarrollar sistemas de alerta temprana y conectar a las jurisdicciones vulnerables con fuentes de financiamiento frente a pérdidas y daños climáticos.
El impacto de esta articulación se refleja en iniciativas en etapa de formulación y diseño técnico en distintos puntos del país. En la ciudad tucumana de Famaillá, la asistencia técnica se enfoca en estructurar vías de financiamiento para obras de mitigación frente a las crecidas del río homónimo y el desborde de canales y arroyos urbanos. En Nueva Esperanza (Santiago del Estero), la planificación preventiva avanza en el diseño de una defensa ribereña integrada con un parque lineal para amortiguar el impacto hídrico sobre la trama urbana. Por su parte, en la comuna santafesina de María Luisa, el acompañamiento apunta a formular su primer esquema de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU), una herramienta clave no solo para sanear pasivos ambientales, sino también para evitar el taponamiento de desagües y reducir focos infecciosos durante eventos de lluvias intensas.
Con todo, los especialistas en gestión pública advierten que estas herramientas funcionan como un catalizador inicial, pero no sustituyen la responsabilidad indelegable de cada gobierno local. Ningún fondo externo ni carpeta técnica puede blindar a una comunidad si el municipio no logra concretar luego la ejecución de las obras, sostener el entrenamiento bajo estrés y garantizar la continuidad de sus cuadros técnicos. En definitiva, las intendencias argentinas enfrentan una carrera desigual: responder a eventos extremos cada vez más frecuentes y severos con instituciones que aún deben aprender a sobrevivir más allá de un mandato electoral.
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