Crisis del gas en Lanús: la cadena de omisiones que expone el vacío de fiscalización en los gobiernos locales
A las 9:44 del viernes 13 de noviembre, el cabezal de una máquina tunelera perforó un caño maestro de gas en el centro comercial de Remedios de Escalada. Durante los 66 minutos siguientes, mientras una nube invisible saturaba las bocas de tormenta y los sótanos de la cuadra, los colectivos siguieron frenando en sus paradas y los comercios mantuvieron sus persianas levantadas. Nadie cortó la calle. Nadie evacuó la manzana. A las 10:50, una chispa detonó el gas acumulado: el saldo fue una víctima fatal, decenas de heridos, viviendas reducidas a escombros y operarios internados en estado crítico.
Setenta y dos horas después, cuando el distrito todavía removía escombros, una nueva emergencia obligó a acordonar los alrededores de la estación de trenes de Lanús y la traza de la avenida Hipólito Yrigoyen. Tres fugas simultáneas —una sobre un conducto de media presión bajo las vías ferroviarias y dos en cañerías de baja presión sobre la vereda— paralizaron el tránsito y forzaron a las cuadrillas a excavar a pala manual para evitar una segunda tragedia.
Aunque desde la conducción operativa de Metrogas desvincularon técnicamente estos nuevos escapes del estallido del viernes, la coexistencia de ambos frentes expone las dos caras de una misma crisis de infraestructura: por un lado, la impericia en frentes de obra activos (como en Escalada) y, por otro, el desgaste crónico de redes subterráneas centenarias que ceden en plena zona céntrica. En ambos escenarios, la delegación pasiva del control sobre el espacio público convierte a las ciudades en zonas de riesgo latente.
Cuatro eslabones rotos en la seguridad urbana
La causa penal radicada en la UFI N.º 6 del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús, a cargo del fiscal Martín Rodríguez, y la reconstrucción técnica del siniestro exponen los puntos exactos donde colapsó la prevención:
Tercerización opaca y ausencia de auditoría en campo: Las obras de renovación de red en Remedios de Escalada no eran ejecutadas por personal propio de Metrogas, sino por una contratista privada cuya razón social y pliego de adjudicación ni la distribuidora ni el gobierno local hicieron públicos tras el siniestro, pese a que la identificación de esa firma constituye el eje central de la imputación en el expediente judicial. Días antes de la explosión, frentistas ya habían denunciado roturas reiteradas y conexiones domiciliarias precarias realizadas por cuadrillas sin presencia permanente de inspectores matriculados.
La hora ciega entre la rotura y la explosión: El protocolo interno de la contratista y de la concesionaria priorizó el reporte administrativo por sobre la alerta temprana a la comunidad. Entre las 9:44 y las 10:50 no ingresó ningún llamado de emergencia a los Bomberos Voluntarios de Lanús ni a la dirección de Defensa Civil municipal. Ese silencio operativo de más de una hora impidió establecer un perímetro de exclusión vehicular y peatonal antes de la ignición.
Perforación a ciegas en un subsuelo saturado: La rotura de un ducto activo mediante tunelización dirigida evidencia la inexistencia de cateos previos confiables y el incumplimiento de los protocolos de detección de interferencias subterráneas.
El repliegue del control regulatorio nacional: Como autoridad de aplicación, el ENARGAS (Ente Nacional Regulador del Gas) tiene la potestad exclusiva de auditar los planes de inversión, certificar la idoneidad técnica de las subcontratistas y sancionar los incumplimientos operativos de las distribuidoras. La secuencia de roturas demuestra que la fiscalización preventiva en territorio resulta insuficiente frente al ritmo de obra y al envejecimiento de las redes en el Conurbano.
El dilema de los municipios: herramientas legales que no se aplican
Frente a cada crisis con servicios concesionados, los intendentes suelen argumentar que la regulación y el poder sancionatorio corresponden exclusivamente a los organismos nacionales. No obstante, el derecho público municipal otorga a las comunas el poder de policía indelegable sobre el uso del subsuelo, la vía pública y la seguridad urbana.
En Lanús, la administración encabezada por Julián Álvarez dispone del régimen de permisos de apertura en la vía pública y del Código de Faltas municipal, normativas que exigen autorización previa, planos aprobados y garantías económicas para cualquier intervención en veredas o pavimentos, además de facultar al Ejecutivo para clausurar trabajos no declarados. Sin embargo, en Lanús —al igual que en la inmensa mayoría de los municipios del Área Metropolitana y del interior del país— prevalece una inercia administrativa peligrosa: las contratistas rompen la vía pública sin inspección previa, asumen las eventuales multas como un costo operativo marginal y trabajan sin fiscalización estatal en el lugar.
Lo ocurrido en Lanús funciona como un caso testigo que obliga a todos los gobiernos locales a revisar y endurecer de inmediato sus mecanismos de control sobre las empresas prestatarias de servicios públicos (gas, electricidad, agua y telecomunicaciones):
Permisos de obra condicionados a cateos certificados: Ningún municipio debe autorizar zanjeos ni tunelizaciones sin que su Secretaría de Obras Públicas verifique previamente los planos de interferencia subterránea, la razón social de la subcontratista interviniente y la matrícula habilitante del responsable técnico asignado a la cuadrilla.
Protocolo local de alerta en 5 minutos: Cada gobierno municipal debe establecer por ordenanza que toda rotura de conductos de media o alta presión sea reportada de manera simultánea a la empresa concesionaria y al Centro de Operaciones de Emergencias local (Defensa Civil, Bomberos y Tránsito) en un plazo máximo de cinco minutos, bajo apercibimiento de clausura inmediata y denuncia penal por estrago.
Cuerpos de inspección con capacidad técnica y poder de veto: Los municipios deben jerarquizar y capacitar a sus inspectores de vía pública —mediante convenios con colegios profesionales y universidades— para auditar vallados, señalización y detección de gases, ordenando la paralización preventiva de cualquier obra ante la primera denuncia vecinal.
Certificación de hermeticidad previa al cierre de calzadas: Las administraciones locales tienen que exigir el acta de prueba de presión aprobada antes de otorgar el final de obra de veredas o pavimentos, evitando que queden microfugas encapsuladas bajo el espacio urbano.
La presentación del Ejecutivo de Lanús como querellante en el expediente judicial busca delimitar las responsabilidades penales de Metrogas y su contratista tras la tragedia de Remedios de Escalada, bajo las figuras de estrago culposo y omisión de deberes de seguridad. Pero la lección trasciende las fronteras de un solo partido: mientras los gobiernos locales sigan actuando como meros espectadores frente a las excavaciones y el deterioro de redes en sus propias calles, la seguridad de millones de vecinos quedará librada al azar antes de cada golpe de pala.
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