RNLas intensas precipitaciones que azotaron a la Región Metropolitana no solo confirmaron la vulnerabilidad de la capital ante la crisis climática, sino que volvieron a exhibir la profunda fractura territorial de Santiago. Mientras en el sector oriente las aguas y el lodo colapsaban los subterráneos de clínicas privadas y amenazaban barrios residenciales de alta plusvalía, en la periferia metropolitana la emergencia se traducía en calles anegadas por el crónico déficit de infraestructura y campamentos sumidos en la precariedad.
Este escenario deja al descubierto que los desastres en Chile no son solo eventos meteorológicos inevitables, sino el síntoma de un modelo de desarrollo urbano segregado, donde la Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) choca frontalmente con los intereses del mercado inmobiliario y las asimetrías estructurales del Estado.
El desborde de quebradas en comunas precordilleranas del sector oriente —como Las Condes, Lo Barnechea o La Reina— evidenció las consecuencias de décadas de densificación inmobiliaria en zonas de alto riesgo geodinámico.
Pese a que los informes de instituciones técnicas como Sernageomin y la academia advierten constantemente sobre la dinámica de los aluviones y el impacto del cambio climático (agravado por una isoterma cero persistentemente alta), los instrumentos de planificación territorial han cedido históricamente a la presión de los permisos de edificación. La priorización de la plusvalía del suelo precordillerano por sobre los estudios de impacto ambiental de carácter geodinámico ha permitido obras de mitigación deficientes y una masiva impermeabilización del suelo que acelera peligrosamente los flujos de escorrentía hacia los sectores urbanos bajos.
Si el colapso en el sector oriente revela los límites de la infraestructura moderna frente a la furia climática, la realidad en las comunas periféricas y populares de la capital expone una tragedia de carácter sistémico e invisible para la planificación central.
Mientras las municipalidades con mayores ingresos movilizan maquinaria pesada y equipos de emergencia propios en cuestión de horas, los sectores populares enfrentan inundaciones recurrentes debido a que el Ministerio de Obras Públicas (MOP) arrastra un histórico déficit en la construcción de redes robustas de colectores de aguas lluvias. A esto se suma la proliferación de asentamientos informales ubicados en zonas de inundación o cauces secos, donde la respuesta del Estado suele reducirse a la asistencia asistencialista post-desastre, ignorando la urgencia de planes de radicación segura o reubicación habitacional digna.
Si bien la implementación del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SINAPRED) —regulado por la Ley N°21.364— significó un avance formal al transitar desde la vieja lógica de "apagar incendios" de la ex-ONEMI hacia un ciclo de gestión del riesgo, la reciente emergencia en la capital desnuda fallas estructurales de profunda gravedad:
En la práctica, la ley carece de herramientas vinculantes reales para obligar a los municipios a actualizar sus instrumentos de planificación territorial. Gran parte de los Planes Reguladores Comunales (PRC) están desactualizados y no incorporan los mapas de amenaza climática vigentes, dejando a los gobiernos locales a merced de presiones inmobiliarias que continúan construyendo en zonas de amortiguación ecológica.
El peso operativo de la primera respuesta recae directamente sobre los municipios. Sin embargo, existe un abismo financiero y técnico entre las comunas de altos ingresos y la periferia metropolitana. Un sistema nacional de emergencias que depende de la billetera de cada municipio para prevenir y mitigar catástrofes perpetúa un modelo intrínsecamente segregado.
A pesar del discurso preventivo de la Ley N°21.364, el Estado chileno sigue destinando una proporción abrumadoramente menor de su presupuesto a la mitigación estructural a escala metropolitana (como piscinas decantadoras integrales, restauración de quebradas y robustecimiento de redes primarias) en comparación con los costos financieros y humanos de la reconstrucción post-desastre.
La emergencia climática en Santiago ya no es una anomalía pasajera, sino la nueva normalidad. Hasta que el SINAPRED no logre articularse como un ente con soberanía vinculante sobre la planificación territorial —capaz de anteponer la seguridad humana y la justicia socioespacial por sobre el negocio inmobiliario y la inercia estatal—, cada evento de lluvia seguirá escribiéndose bajo la sombra de una catástrofe largamente anunciada.
