RNEl inicio de cada ciclo invernal en la República Argentina parece traer consigo una tradición tan gélida como el clima mismo: el reclamo de las provincias del Norte Grande por la falta de previsibilidad en el abastecimiento de gas. En sus recientes declaraciones, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, ha vuelto a poner de manifiesto una herida estructural que el federalismo argentino no logra cerrar. Su exigencia no se limita a un pedido de mayores partidas o subsidios coyunturales, sino que apunta a un concepto fundamental para el desarrollo: la seguridad jurídica y técnica sobre los recursos básicos.
La retórica de Sáenz expone una ironía histórica que resulta difícil de soslayar. Salta fue, durante décadas, el motor energético que alimentó el crecimiento del país, proveyendo el gas necesario para la expansión industrial de los grandes centros urbanos y el puerto de Buenos Aires. Sin embargo, hoy la provincia se encuentra en una posición de vulnerabilidad técnica, "mendigando" —en palabras del mandatario— un recurso que emerge de sus propias entrañas o que transita por sus tierras. Esta situación de "argentinos de segunda" no es una percepción subjetiva, sino el resultado de una planificación centralista que ha postergado sistemáticamente las obras de infraestructura necesarias, como la reversión del Gasoducto Norte, dejando a la región a merced de la declinante producción boliviana.
Desde una mirada crítica pero objetiva, el conflicto por el gas en el norte no es un fenómeno meteorológico ni un imprevisto; es una decisión política acumulada. La falta de inversión en transporte y exploración en la Cuenca Noroeste ha generado un escenario donde las familias, los comercios y las industrias locales no pueden planificar su futuro a más de tres meses. Cuando una empresa en el Parque Industrial de Salta o de General Güemes debe detener su producción por restricciones en el suministro, no solo se pierde dinero, sino que se erosiona la confianza en el país como destino de inversiones de largo plazo, especialmente en sectores estratégicos como la minería y el litio.
La "previsibilidad" que reclama el gobierno salteño es, en última instancia, un llamado a la equidad federal. Resulta éticamente cuestionable que, en una nación que se jacta de su potencial energético en Vaca Muerta, existan compatriotas que deban afrontar el frío con el temor de un desabastecimiento inminente. La integración nacional no puede ser un eslogan de campaña si no se traduce en una red de infraestructura que garantice igualdad de oportunidades.
En conclusión, el reclamo de Sáenz trasciende la coyuntura de un frente frío. Es una interpelación al modelo de desarrollo nacional. Garantizar soluciones definitivas para el abastecimiento de gas en el norte argentino es una deuda histórica que el Estado Nacional debe cancelar, no como una concesión graciosa, sino como un acto de justicia para una región que ha dado mucho más de lo que ha recibido en el reparto de la riqueza energética del país.
