RNBUENOS AIRES — El Gobierno nacional oficializó la firma de un nuevo Memorando de Entendimiento sobre Servicios Aéreos con el Estado Plurinacional de Bolivia. El acuerdo representa el 63° convenio bilateral alcanzado en el marco de la política de "Cielos Abiertos" impulsada por la Secretaría de Transporte y el Ministerio de Economía de la República Argentina, sustituyendo esquemas vigentes desde 2022 y preparando el terreno para redactar un nuevo tratado integral que reemplace al texto histórico de 1966.
Fin de las restricciones de frecuencia: Las líneas aéreas de ambos países podrán determinar libremente la cantidad de vuelos diarios y semanales en función de la demanda del mercado, sin topes normativos estatales.
Liberalización de carga y vuelos no regulares: Se habilitan operaciones de transporte puramente carguero y vuelos no regulares (charters) sin trabas burocráticas.
Códigos compartidos ampliados: Las aerolíneas podrán celebrar alianzas comerciales con empresas de terceros países para vender pasajes y combinar rutas regionales de forma integrada.
Integración social y turismo: Dada la fuerte presencia de la comunidad boliviana en Argentina y el intercambio comercial de las provincias del Norte Grande (Salta, Jujuy, Tucumán), se espera un flujo de pasajeros más ágil y accesible.
Reducción de tarifas: La apertura a nuevos operadores —incluyendo aerolíneas de bajo costo (low cost)— tiende a dinamizar la competencia y presionar los precios a la baja.
Impulso al comercio exterior: La desregulación de la carga aérea facilitará la exportación e importación de productos de valor agregado, perecederos e insumos industriales sin necesidad de escalas complejas.
Capacidad aeroportuaria: El eventual incremento de frecuencias exigirá adecuar la capacidad receptiva, los servicios de rampa y la logística aduanera en los aeropuertos regionales del norte argentino.
Armonización normativa: Las autoridades de aviación civil (ANAC en Argentina y DGAC en Bolivia) deberán mantener una estrecha coordinación para homologar estándares operacionales y de seguridad (Safety).
El impacto en la seguridad es un punto clave de debate técnico y político:
Diferencia entre apertura comercial y control aduanero: La política de Cielos Abiertos liberaliza la parte comercial y operativa de las aerolíneas (quién vuela, qué rutas y cuántos vuelos), pero no relaja las inspecciones ni los controles de seguridad nacional. Todos los vuelos y cargas continúan bajo la fiscalización obligatoria de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), la Aduana (ARCA/AFIP) y Gendarmería Nacional.
El desafío del mayor volumen de carga y charters: El riesgo no proviene del articulado legal del acuerdo, sino del incremento cuantitativo de las operaciones. Un aumento significativo en vuelos fletados (charters) y operaciones exclusivas de carga exige a las agencias de control reforzar sus capacidades humanas y tecnológicas para evitar que el crimen organizado utilice el flujo de comercio legítimo como cobertura.
Medidas de mitigación necesarias:
Implementación de sistemas de intercambio de información y manifiestos de pasaje/carga en tiempo real entre ambos Estados.
Cobertura continua de radarización en zonas de frontera y monitoreo estricto de planes de vuelo en la aviación general y privada.
Inversión en tecnología de escaneo no intrusivo y brigadas caninas (K9) en aeropuertos secundarios del interior del país.
