RNBUENOS AIRES — En mayo de 2024, las inundaciones históricas en Rio Grande do Sul (Brasil) devastaron más de 400 municipios, desplazaron a medio millón de personas y provocaron pérdidas económicas estimadas en más de 9.000 millones de dólares. Apenas meses después, la cuenca de los ríos Amazonas y Paraná registró sequías históricamente bajas, paralizando el transporte fluvial y desabasteciendo de agua potable a decenas de poblaciones en Perú, Colombia, Paraguay y Argentina.
La recurrencia y simultaneidad de estos eventos han pulverizado la premisa bajo la cual operó la Gestión Integral de Riesgos de Desastres (GIRD) municipal durante medio siglo: la idea de que la naturaleza respondería a proyecciones estadísticas estables y previsibles.
Sin embargo, a pesar de que la aceleración del cambio climático ha alterado los patrones meteorológicos en toda América del Sur, la gran mayoría de las administraciones locales continúa gestionando el territorio con herramientas reactivas del siglo pasado.
De acuerdo con el Informe de Evaluación Regional sobre el Riesgo de Desastres en América Latina y el Caribe (RAR24) publicado por la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR), la región enfrenta pérdidas económicas crecientes por desastres que erosionan sistemáticamente el PIB regional. El mismo organismo calcula que por cada dólar invertido en reducción del riesgo y adaptación resiliente, las ciudades ahorran entre 4 y 7 dólares en costos posteriores de reconstrucción y atención de emergencias.
A pesar de esta ecuación financiera, el gasto público subnacional en la región sigue hiperconcentrado en la respuesta posterior a la crisis (compra de víveres, instalación de refugios temporales y reparación de infraestructura básica).
"El problema no es que los alcaldes no entiendan el riesgo, es que el sistema de incentivos políticos y presupuestarios premia la reacción visible", explica el Dr. Carlos Mendoza, especialista en Planificación Urbana de la Universidad de Buenos Aires (UBA). "Cortar la cinta de un albergue o entregar asistencia tras una inundación genera rendimiento electoral inmediato; invertir en un drenaje pluvial subterráneo o congelar la expansión urbana en un humedal genera resistencia de corto plazo".
La heterogeneidad de la región demuestra que el freno a la adaptación no es únicamente económico, sino de diseño institucional:
El caso de Manizales (Colombia): Pionero a nivel global, este municipio implementó un sistema integral de gestión del riesgo que combina monitoreo geotécnico en tiempo real, protección ambiental de laderas (a través del programa social Guardianas de la Ladera) y esquemas de seguro colectivo contra incendios y terremotos acoplados al impuesto predial. Su modelo demuestra que articular la planificación del suelo con participación comunitaria e instrumentos financieros reduce de forma drástica la vulnerabilidad urbana.
La vulnerabilidad estructural en la periferia andina y costera: En contraparte, en municipios intermedios y rurales del Altiplano boliviano o de la costa ecuatoriana, las oficinas de Gestión del Riesgo operan con presupuestos marginales, carecen de personal técnico permanente y funcionan desconectadas de las secretarías de Obras Públicas y Planeamiento Urbano.
Para superar la fragmentación administrativa, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la UNDRR coinciden en tres ejes operativos clave:
Cartografía de Riesgo Dinámica vs. Mapas Estáticos: Sustituir los mapas impresos basados en registros históricos por Sistemas de Información Geográfica (SIG) interoperables que incorporen proyecciones climáticas a futuro.
Ordenamiento Territorial Vinculante: Imponer restricciones legales estrictas a la ocupación de suelo no urbanizable, protegiendo la infraestructura natural (como humedales y cuencas hidrológicas) y adaptando los códigos de edificación a picos pluviométricos severos.
Presupuestos de Inversión Informados en Riesgo: Condicionar cada proyecto de obra pública a una evaluación de resistencia climática, evitando que las inversiones municipales generen nuevas vulnerabilidades a futuro.
Uno de los principales cuellos de botella para los gobiernos subnacionales es el acceso al capital inicial para obras preventivas. Sin embargo, existen herramientas financieras internacionales diseñadas para escalar la resiliencia municipal:
Fondos Verdes y Bonos Verdes Municipales: Mecanismos de deuda orientados a financiar infraestructura resiliente (sistemas de drenaje, defensas costeras, reforestación urbana), respaldados por bancos de desarrollo como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la CAF - Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe.
Mecanismos de Transferencia del Riesgo y Seguros Paramétricos: Instrumentos que pagan desembolsos automáticos tras la ocurrencia de un evento climático extremo superado cierto umbral (por ejemplo, milímetros de lluvia por hora), garantizando liquidez inmediata para reparaciones críticas sin descalabrar el presupuesto municipal.
| Dimensión Operativa | Enfoque Tradicional (Reactivo) | Enfoque Adaptativo (Resiliente) |
| Planificación Urbana | Uso de mapas históricos estáticos y regularización posterior de asentamientos informales. | Cartografía SIG dinámica con escenarios climáticos a 20–50 años y ordenamiento vinculante. |
| Asignación Presupuestaria | Fondos de contingencia orientados a la compra de víveres y reconstrucción tras el desastre. | Presupuesto etiquetado para infraestructura adaptativa y mitigación del riesgo recurrente. |
| Financiamiento | Presupuesto ordinario municipal y auxilio financiero del gobierno central poscrisis. | Uso de bonos verdes, seguros paramétricos y fondos de la banca multilateral (BID/CAF). |
| Estructura Organizativa | Oficinas de Defensa Civil o Gestión del Riesgo aisladas del área de Obras Públicas. | Mesas intersectoriales transversales (Planeamiento, Hacienda, Medio Ambiente, Obras Publicas). |
La transición de una gestión reactiva a una preventiva no representa un debate meramente técnico; es un requisito para la sostenibilidad fiscal de las ciudades suramericanas. Continuar destinando los escasos recursos municipales a reparar recurrentemente los mismos daños en las mismas zonas vulnerables no solo condena a las arcas locales al déficit constante, sino que perpetúa la desigualdad social en los territorios más expuestos.
