RNCada 13 de octubre, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) promueve el Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres para concientizar sobre la prevención de amenazas naturales y antrópicas. Sin embargo, en los cinco países del Cono Sur —Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay— la fecha expone un patrón sistemático: la firma entusiasta de compromisos multilaterales como el Marco de Sendái (2015-2030) o el Acuerdo de París contrasta de forma drástica con la falta de ejecución presupuestaria para obras de resiliencia estructural e infraestructura de largo plazo.
De acuerdo con estimaciones conjuntas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR), la región destina menos del 0,1% de su Producto Interno Bruto (PIB) a la prevención y mitigación de catástrofes. En contraste, el gasto reactivo post-emergencia absorbe entre el 0,7% y el 1,2% del PIB anual en asistencia directa, subsidios temporales y reconstrucción de parches.
"América Latina y el Caribe enfrentan una trampa fiscal en la gestión de desastres: pagamos hasta siete veces más caro el remedio que la prevención. Sin inversión pública continua en infraestructura hidráulica y ordenamiento del territorio, la resiliencia es solo una consigna vacía", advirtió recientemente Mami Mizutori, exrepresentante especial de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres.
El déficit de planificación y la subejecución presupuestaria no discriminan por nivel socioeconómico ni por color político en el Cono Sur:
Chile (Las Condes, Santiago): Pese a contar con el ingreso per cápita más alto de la región, los aluviones e intensos eventos hidro-meteorológicos en sectores precordilleranos como la comuna de Las Condes dejaron a más de 15.000 hogares sin suministro eléctrico y provocaron el colapso del sistema de drenaje pluvial por la falta de obras de canalización e infiltración en quebradas urbanizadas.
Paraguay (Ciudad del Este): El desborde del río Paraná y los arroyos Acaraymí y del Lago de la República provocó la evacuación de más de 1.200 familias en barrios vulnerables. La falta de un plan de ordenamiento territorial actualizado impide relocalizaciones definitivas y la construcción de defensas costeras estructurales.
Argentina (Misiones): Las crecidas de las cuencas de los ríos Paraná y Uruguay anegaron localidades como Puerto Piray, El Soberbio y Montecarlo, afectando a más de 800 familias y cortando rutas provinciales clave. La paralización de la obra pública nacional redujo a cero la partida para canalizaciones y mantenimiento de cuencas en el Nordeste Argentino (NEA).
Brasil (Rio Grande do Sul): Las inundaciones históricas afectaron al 90% de los municipios del estado, dejando un saldo trágico de más de 180 fallecidos, 600.000 desplazados y pérdidas económicas que superaron los 9.000 millones de dólares, evidenciando la falta de mantenimiento e inversión en los diques y sistemas de bombeo proyectados décadas atrás.
Uruguay (Cuenca del Río Uruguay): Las crecidas periódicas obligaron al desplazamiento de más de 3.500 personas en departamentos como Salto, Paysandú y Cerro Largo, donde los planes de realojo avanzan a un ritmo 60% menor al crecimiento de los asentamientos en zonas costeras inundables.
| País | Instrumento Internacional Suscripto | Inversión Preventiva (% PIB) | Impacto Económico Anual por Desastres |
| Argentina | Marco de Sendái / Acuerdo de París | < 0,05% | USD 1.500 millones |
| Brasil | Marco de Sendái / Declaración de Brasilia | < 0,08% | USD 11.000 millones |
| Chile | Marco de Sendái / Ley Marco de Cambio Climático | ~ 0,12% | USD 800 millones |
| Paraguay | Marco de Sendái / Plan Nacional de Gestión de Riesgos | < 0,03% | USD 450 millones |
| Uruguay | Marco de Sendái / Política Nacional de Cambio Climático | ~ 0,09% | USD 300 millones |
La gestión del riesgo no se resuelve con operativos de asistencia ni entregas de víveres tras desencadenarse la catástrofe. Implica inversión de capital en infraestructura dura (colectores pluviales, diques de contención, estaciones de bombeo) y un ordenamiento territorial vinculante que impida la especulación inmobiliaria sobre zonas de riesgo geológico u hídrico.
Como señala un informe técnico de la CEPAL, "el costo de la inacción frente al cambio climático en infraestructura urbana superará el 2,5% del PIB regional para 2030 si se mantiene la actual inercia gubernamental". Mientras las autoridades nacionales y subnacionales del Cono Sur continúen tratando la prevención como un gasto prescindible y no como una inversión prioritaria, los tratados internacionales mantendrán un carácter meramente declarativo, alejados del mandato ético que exige proteger la vida y el patrimonio de sus comunidades.
