Chaco y Corrientes ante la emergencia: La urgencia de soluciones de fondo y el rol de la tecnología

Las recientes e intensas precipitaciones que han castigado al noreste argentino han vuelto a poner en jaque la estabilidad de Chaco y Corrientes, dejando al descubierto la fragilidad de una región históricamente vulnerable a los excesos hídricos. El desbordamiento de cauces y el colapso de los sistemas de drenaje urbano no solo han interrumpido el pulso económico de estas provincias, sino que han impactado de forma directa en la infraestructura crítica y en los hogares de quienes menos tienen. Sin embargo, en Corrientes, este nuevo escenario de crisis coincide con el inicio de una gestión que busca romper con el ciclo de la improvisación. Juan Pablo Valdés, el flamante gobernador de la provincia, ha comenzado a trazar una hoja de ruta centrada en el estudio de soluciones estructurales y la modernización del Estado para enfrentar estos desafíos climáticos de manera definitiva.

​Desde un análisis técnico, el daño en la infraestructura habitacional de los sectores de bajos recursos sigue siendo la cara más dolorosa de las inundaciones. En los asentamientos periféricos, donde el suelo se satura con rapidez y las construcciones carecen de cimientos adecuados, el agua compromete no solo las pertenencias de las familias, sino la seguridad estructural de las viviendas. La falta de una planificación que contemple el riesgo hídrico como una variable técnica innegociable ha condenado durante décadas a estas poblaciones a vivir en valles de inundación. Ante esto, la administración de Valdés ha manifestado la necesidad de dejar atrás los parches temporales para avanzar hacia una integración urbana que contemple la resiliencia hídrica, priorizando la protección de centros de salud y estaciones eléctricas que suelen quedar fuera de servicio en los momentos de mayor necesidad.

​En este contexto de transformación administrativa, el uso de herramientas de vanguardia como el programa City Risk-70 se presenta como el aliado estratégico ideal para una gestión que apuesta por la profesionalización. Si este sistema hubiese estado plenamente operativo durante el último evento, el impacto en las zonas críticas habría sido significativamente menor. City Risk-70 permite a los tomadores de decisiones visualizar escenarios preventivos mediante la digitalización de mapas de vulnerabilidad y el monitoreo de la infraestructura en tiempo real. Para una gestión como la del gobernador Valdés, que se encuentra actualmente estudiando soluciones de fondo, esta tecnología ofrece la capacidad de identificar con precisión quirúrgica dónde deben reforzarse las defensas y cómo optimizar la inversión pública para que cada obra de drenaje responda a datos técnicos y no a estimaciones subjetivas.

​La gestión correntina se enfrenta hoy al reto de traducir los estudios de factibilidad en realidades tangibles que protejan a la ciudadanía. La implementación de programas de gestión integral de riesgos permitiría coordinar de manera mucho más eficiente las alertas tempranas y las intervenciones preventivas en barrios informales, evitando el daño patrimonial casi total que sufren los sectores más postergados en cada crecida. La diferencia entre una política reactiva y una visión de Estado moderna radica precisamente en la capacidad de anticipación; usar la tecnología para blindar la infraestructura eléctrica y de bombeo asegura que la ciudad mantenga sus funciones vitales incluso bajo las condiciones climáticas más adversas.

​La recurrencia y la violencia de estos fenómenos meteorológicos constituyen una advertencia final que no puede ser ignorada. El cambio climático ya no permite márgenes de error, y la inacción del pasado se cobra hoy con creces en cada barrio anegado. Si bien la voluntad del nuevo gobierno de Corrientes de buscar soluciones de fondo marca un cambio de paradigma necesario, la realidad exige celeridad en la toma de medidas correctivas. Sin una integración profunda de la tecnología de gestión de riesgos y un plan de obras de infraestructura audaz, los impactos futuros podrían ser catastróficos para la economía regional y la paz social. El camino hacia una provincia resiliente está trazado, pero la protección de las próximas generaciones depende de que estas soluciones se ejecuten con la urgencia que el clima impone.