Se ha reconocido que los mercados de carbono son fundamentales para ampliar y acelerar la transición verde: la fijación de precios del carbono permite una asignación de capital rentable, impulsa el cambio sistémico, genera flujos de ingresos adicionales por encima de los fondos públicos limitados y ofrece a los países la capacidad de cumplir sus objetivos climáticos más flexiblemente. Hoy en día, casi el 23 por ciento de las emisiones globales están cubiertas a través de esquemas de comercio de emisiones o impuestos al carbono. Con el surgimiento de los mecanismos de ajuste fronterizo del carbono, estos sistemas ahora también están alcanzando un alcance global. Al mismo tiempo, más de 5 000 empresas en todo el mundo han establecido objetivos de cero emisiones netas, lo que impulsa el crecimiento del mercado voluntario de carbono, cuyo valor aumentó hasta alcanzar los 2.000 millones de USD en 2021.
Sin embargo, cumplir con los objetivos del acuerdo de París y descarbonizar la economía global requerirá aún más inversiones a gran escala. Si bien los mercados de carbono ya están demostrando ser una herramienta poderosa para lograr que fluya más capital privado de manera rentable, la financiación climática rara vez se ha utilizado para crear mercados de carbono en los que el sector privado y sus inversiones puedan prosperar. Se necesita trabajar más para alinear estas dos áreas para que la financiación de los mercados de carbono se convierta en una parte natural del conjunto de herramientas para abordar el cambio climático junto con la financiación de donantes públicos y privados para la mitigación y la adaptación.
Por tal motivo, el Senador Nacional Antonio Rodas de la República Argentina, como miembro co-organizador del Primer Foro Iberoamericano Permanente de Gestión de Riego a realizarse el día 7 de diciembre en YPF Casa Central, invita a participar a las Cámaras empresarias, asociaciones bancarias, aseguradoras, empresas y miembros de la sociedad civil a trabajar en el desarrollo de propuestas superadoras con el fin de mitigar los riesgos a los que se encuentran expuestos los gobiernos locales.
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