El gobernador Juan Pablo Valdés avanzó en el histórico reclamo de Corrientes por las regalías de Yacyretá y Salto Grande

El gobierno de Corrientes dio un paso importante en el histórico reclamo por las regalías energéticas que la provincia considera pendientes por parte del Estado nacional. El gobernador Juan Pablo Valdés encabezó la delegación provincial que participó de una audiencia convocada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el marco de la demanda iniciada por el pago de las regalías correspondientes a las represas de Yacyretá Hydroelectric Dam y Salto Grande Dam.

La audiencia forma parte del proceso judicial iniciado por la provincia para reclamar que la Nación reconozca el valor real de la energía generada en estas centrales hidroeléctricas. Desde el gobierno correntino sostienen que durante años las regalías se pagaron a un valor inferior al correspondiente, lo que generó una deuda significativa con la provincia.

El planteo central de Corrientes es que las regalías se liquiden según el precio medio del Mercado Eléctrico Mayorista, lo que permitiría compensar las diferencias acumuladas. Según argumentan las autoridades provinciales, el actual esquema de pago representa una subvaloración de los recursos energéticos que pertenecen a la provincia.

Durante la audiencia, Valdés estuvo acompañado por el fiscal de Estado Horacio Ortega, quien lidera la estrategia jurídica del reclamo. El objetivo del gobierno provincial es defender los recursos naturales de Corrientes y garantizar que se reconozcan los derechos económicos derivados de la generación de energía en su territorio.

La causa adquirió especial relevancia luego de que la Corte Suprema se declarara competente para intervenir en el caso, lo que habilitó el inicio del proceso judicial para analizar el reclamo provincial. Desde el gobierno correntino consideran que este paso representa un avance significativo en una disputa que se arrastra desde hace décadas.

El reclamo por las regalías de estas represas forma parte de una agenda más amplia de defensa de los recursos provinciales. Las autoridades sostienen que lograr un reconocimiento pleno de estos ingresos permitiría fortalecer las finanzas públicas y financiar obras y programas de desarrollo en Corrientes.